A través de una declaración pública Greenpeace entrega su propuesta para un gran acuerdo social:
«Chile está viviendo la expresión de uno de los movimientos ciudadanos más grandes que hayamos conocido en su historia, que evidencia la necesidad de avanzar en una mejora en la calidad de vida de las personas. Sostenemos que para avanzar en el proceso social, se requiere que el Estado Chileno restablezca plenamente las garantías constitucionales, para el desenvolvimiento de los actores sociales en armonía.
En este escenario, Greenpeace cree que estas desigualdades denunciadas, reflejan precisamente las problemáticas ambientales que hemos denunciado. Por ello, afirmamos lo siguiente:
• Adherimos a las justas demandas sociales por las que millones de ciudadanos en Chile se manifiestan, a través de movilizaciones multitudinarias y de manera pacífica. Una olla y una cuchara han probado ser una vía correcta para expresar la necesidad de reducir las amplias desigualdades y alcanzar mejoras que apuntan por sobre todo a las personas más vulnerables en el país y exigimos que estas demandas sean escuchadas por las autoridades.
• Sobre la realización de la COP25, un estado de excepción como el que estamos viviendo hoy, con múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos, no entrega las garantías de seguridad suficientes para que la sociedad civil pueda hacer valer el derecho de protestar y expresarse pacíficamente, con el objetivo de exigirle a los tomadores de decisión que aborden la ambición climática frente a la crisis ecológica que vivimos. Es urgente que el gobierno restablezca las garantías y derechos constitucionales, reconocidos también a nivel internacional, para que esta conferencia tenga lugar en nuestro país, en un escenario de paz y acuerdos sociales.
• Consideramos que la profunda crisis que vive el país requiere de respuestas concertadas entre los distintos actores sociales. La academia, la sociedad civil y la ciudadanía en su conjunto, deben participar en la construcción de un nuevo Chile. El mundo político debe dar un paso al frente y es el Ejecutivo quien debe permitir de modo responsable y sin violencia, ese avance. Hasta ahora las respuestas han sido insuficientes.
• Solicitamos al gobierno, a autoridades institucionales, a organizaciones sociales y a los medios de comunicación masiva, incorporar de forma urgente los conflictos medioambientales del país, que hoy son uno de los peores espejos de la desigualdad, la injusticia social y la violación sistemática de derechos humanos de mujeres, niños y hombres que por años ha estado invisibilizada.
• Sobre esto último estamos convencidos que es imperioso dar solución definitiva a la situación que miles de chilenos viven hoy, habitando las llamadas “zonas de sacrificio”, víctimas de la descontrolada acción de empresas que, amparadas en la falta de regulación y fiscalización, han mantenido por décadas una progresiva degradación social, económica y ambiental de territorios completos. El fin de las seis plantas a carbón más antiguas en Chile no es sólo una demanda ambiental y climática urgente, es parte de la mínima restitución de derechos que se les debe a quienes por años han sido omitidos de un trato justo y digno.
• Lo mismo ocurre con el agua, elemento fundamental de la vida, y se requiere con urgencia que se reconozca su acceso como un derecho humano y la función ambiental de la mismas como soporte de nuestros ecosistemas. Del mismo modo, la protección de glaciares, humedales, ríos y cuencas en su conjunto para impedir que sean irremediablemente afectados, es una prioridad nacional que sobrepasa con creces cualquier cálculo económico de corto plazo. Sin agua no hay vida.
• Por último, creemos que hay elementos del modelo extractivista, que son inaceptables en un contexto de crisis ecológica y sostenemos que la única vía suficiente para canalizar estos cambios es la elaboración participativa, democrática y abierta de una nueva constitución para Chile, que permita resolver las brechas sociales y las injusticias, integrando los derechos ambientales como parte de las garantías mínimas de convivencia justa y digna.
En tiempos difíciles para nuestra sociedad y como organización independiente, política y económicamente, que utiliza la acción directa no violenta, Greenpeace reafirma su compromiso con la paz, el medioambiente y la promoción de soluciones a los conflictos basados en el respeto a los principios que inspiran la diversidad y la pluralidad democrática», remata la declaración.
