Después de una semana de movilizaciones y estado de emergencia, la mayoría de los chilenos se preguntan cuando pasará este momento, como se resolverá la crisis.

Cómo es comprensible, para resolver una crisis es vital identificar sus causas, que la motiva. Por cierto, también ayuda el identificar quienes son sus líderes y cuales son las demandas.

En la actual crisis lo anterior es un grave desafío. Las movilizaciones no tienen conducción, tampoco tienen una plataforma programática clara. Pero no decaen, después de una semana mantienen vigor y se han irradiado a lo largo de todo el país. El gobierno está acorralado, y lo peor, sin lograr diagnosticar la crisis y carente de una estrategia para solucionarla. La oposición por su parte, tanto la ex Concertación como el Frente Amplio no logran articular una propuesta. La clase política en su conjunto fue sorprendida por el estallido social.

Las demandas de los manifestantes son múltiples, pero tienen un común denominador: un malestar insoportable por la desigualdad. Especialmente concentrado en la forma en que se garantizan los principales derechos sociales: la previsión, la salud y la educación. En este plano, la inequidad imperante, deja desprotegida a la inmensa mayoría de la población que carece de ingresos suficientes o los somete a un grave endeudamiento.

Esta molestia de carácter – económico social apunta a la extrema privatización representada por los sistemas de seguros privados en salud y previsión junto al lucro en la educación. A ello se suma el fracaso del régimen de capitalización individual. En suma, en una estrategia de desarrollo que garantiza el crecimiento pero no se preocupa de la equidad y la inclusión social. Junto a este malestar social también asistimos a una crisis de legitimidad de las élites, empezando por las políticas. Para la mayoría de la población, “los políticos” (gobierno y parlamentarios) no sólo serían indolentes ante la situación de la mayoría, sino que aprovecharían sus cargos en beneficio personal, la emergencia de sonados casos de corrupción agrava esta deslegitimación.

Por tanto, estamos en presencia de una movilización social sin conducción, provocada por un hondo malestar social por la desigualdad y agravada por la perdida de credibilidad en las elites.

Por ello, enfrentar la crisis y delinear un camino de salida, debe tomar en consideración esta circunstancias. Como se trata de temas profundos y de no rápida solución, supone identificar fases para su tratamiento y mostrar un cronograma de salida. En este propósito se sugiere lo siguiente.

1. Atender los temas mas urgentes en estas materias, algunos de ellos están comprendidos en los anuncios presidenciales, pero se debe reconocer que estos subsidios, si bien ayudan, no enfrentan los problemas de fondo.

2. Conformar equipos transversales de expertos y profesionales que aborden las reformas a los sistemas de salud y previsión a lo menos. Por cierto, identificando su fórmula de financiamiento. Deberían evacuar su informe en plazo definido lo mas corto posible.

3. Como es previsible, estos equipos no llegaran a conclusiones unánimes y surgirán alternativas. Para resolver el tema de la legitimidad, se sugiere someter esas alternativas a un referéndum nacional.

4. Eventualmente, luego del referéndum, asumiendo que ha cambiado la agenda nacional y sus prioridades, al tiempo que se necesita fortalecer la legitimidad de las instituciones, se sugiere convocar a elecciones generales, de Ejecutivo y de Congreso.

La crisis de legitimidad debe de asumirse, de lo contrario la movilización no cesará. Lo que procede es escucharla y darle un cauce institucional. En todo este periodo hay un conjunto de medidas de ineludible adopción:

a) Dialogo por la producción que reúna a empresarios y sindicatos, en busca de la normalización de la economía.
b) Revisión inmediata de todo el sistema de Inteligencia y de los mecanismos de prevención de conflictos.
c) Transparencia máxima y rápida resolución judicial de todos los casos de victimas y daños ocurridos en estos días.