Pasada las 20:00 horas de este lunes 1 de octubre, la Cámara de Diputados -tras una larga votación, salvó a la ministra de Educación y ex diputada UDI, Marcela Cubillos, de la acusación Constitucional por 77 votos en contra y 73 a favor.

Después de cinco horas de argumentos, una nueva votación sancionó el asuntó y resolvió no dar a lugar al proceso acusatorio, luego que fuera rechazada la llamada “cuestión previa”.

La discusión partió con la intervención del diputado Mario Venegas (DC), quien representó ante el hemiciclo la posición de los acusadores cuyo libelo contempla cinco capítulos.

1. Faltar a la verdad y cometer faltas a la probidad, queriendo transmitir su visión del Sistema de Admisión Escolar a los apoderados.
2. Envío masivo de correos a padres y apoderados para “promocionar” la iniciativa mencionada.
3. Dejar sin aplicación la ley, al dilatar el nombramiento de autoridades, entre otros aspectos.
4. No actuar conforme a los deberes legales, así como realizar tardíamente las acciones necesarias para corregir la inejecución presupuestaria en que incurrió la Dirección de Educación Pública en los servicios locales de educación.
5. Vulnerabilidad del principio de igualdad en torno a las problemáticas por el no pago de menciones a las educadoras diferenciales.

Venegas dijo que acusaron a la ministra por no haber dado cumplimiento a la ley, por ejemplo, en el caso de la protección de los datos personales, como quedó de manifiesto en el caso del correo enviado a apoderados, y por no dar cumplimiento a la ley de nueva educación pública.

«Creímos que esta política pública se sustentaba en un amplio consenso, a la luz de las amplias mayorías, cercanas algunas a la unanimidad. Creímos que la nueva educación pública sería implementada honestamente por quien estuviera en el Mineduc«, remarcó el diputado DC.

En ese sentido, precisó que los sectores que creen en otro modelo, «encarnados en la ministra Marcela Cubillos, volvieron a la carga e intentan restablecer aquella concepción que entiende la educación como un bien de consumo y no como un derecho social«.

El legislador restituyó el valor jurídico, pero también político de la acusación constitucional y criticó que la defensa de la Ministra haya apuntado al subsecretario de Educación. «Nuestro propósito no es acusar al subsecretario, como tampoco es acusar por acusar. Lo que están diciendo es: bueno, sí hay hechos (…) pero como no son responsabilidad de la ministra, da lo mismo”.

Finalmente, entre otros variados argumentos, afirmó que responsabiliza a Marcela Cubillos de no ejercer un control jerárquico permanente sobre los órganos sometidos a su dependencia, pues el principio de ejercer la función pública «con eficacia y eficiencia», se expresa en un conjunto de normas que obligan a la autoridad a no retrasar la ejecución de la ley.

Defensa

En un nueva intervención, esta vez relativo al fondo, el abogado Francisco Cox insistió en que esta es “una acusación política y partidista» y remarcó que mantiene «la convicción de que no se dan las causales”.

Respecto al capítulo 1, sostuvo que los tweets son descontextualizados y aseguró que la ministra jamás faltó a la verdad, sino lo que hizo es «informar sobre el sistema y la ley”.

“Una declaración no puede violar el delito de probidad, según Contraloría. Si ese es el estándar normativo ¿Por qué acusamos a la ministra? Simplemente, porque es adversario político”, continuó en su argumentación.

Fox también aclaró el tema del uso de la base de datos para el envió de correos y, respecto de la Dirección de Educación Pública (DEP), recordó que es un órgano descentralizado, por lo que no hay control jerárquico por parte de Marcela Cubillos. Asimismo, remarcó que el nombramiento del titular de dicha unidad recae en el Presidente de la República, por lo que no corresponde acusar a un tercero.

Sobre la ejecución presupuestaria por problemas de infraestructura, el abogado manifestó su disconformidad con las fechas señaladas, ya que se tiene la intención de mostrar cifras bajas. “Si se compara con años anteriores hay sobre ejecución”. En tal sentido, dijo la idea es “¿acusar a la más ideológica del gabinete?”.

Por último, señaló que si se va a destituir ministros por reformas legislativas que no se presentan, se van a quedar «sin ministros del color que sea”.

En el debate también intervinieron Luis Pardo (RN), Jaime Bellolio (UDI), Juan Santana (PS), Manuel Matta (DC), Boris Barrera (PC), Ximena Ossandón (RN), Alexis Sepúlveda (PR), Sergio Bobadilla (UDI), Natalia Castillo (RD), Bernardo Berger (RN), Eduardo Durán (RN), Francisco Eguiguren (RN), María José Hoffmann (UDI), Marcelo Schilling (PS), Joanna Pérez (DC), Daniel Verdessi (DC), Gabriel Silber (DC), Camila Flores (Comunes), Rodrigo González (PPD), Mario Desbordes (RN), Paulina Núñez (RN), Andrés Longton (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Esteban Velásquez (FRVS), Renato Garín (IND) y Diego Schalper (RN).

Tras el rechazo de la admisibilidad de la acusación constitucional, verificado ya pasada las 20:00 horas, el proceso concluye en esta instancia y la ministra puede volver a su cargo como titular de Educación.