El pasado martes, la comisión de Hacienda del Senado despachó a la Sala el proyecto de ley denominado “Ley Agenda Pro Inversión I”, el cual busca acelerar las inversiones en el territorio nacional, la competitividad de los mercados y la productividad. Con esto, la iniciativa pasa a la Sala del Senado para ser votada y, de no sufrir modificaciones, pasaría a tercer trámite legislativo.
Sin embargo, la Fundación Terram puso el grito en el cielo y advirtió que la iniciativa trae consigo una serie de modificaciones a distintos cuerpos normativos relacionados con la aprobación y activación de proyectos de inversión, entre los que están el Decreto Ley N° 3.525 de 1980, que crea el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), la Ley General de Urbanismo y Construcciones, el Código de Aguas, y a la Ley N°19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente, en particular, al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Desde el inicio de su segundo mandato, el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera ha priorizado esta iniciativa como una forma de dar respuesta a la tardanza en la tramitación y aprobación de proyectos de inversión, buscando flexibilizar las normativas sectoriales vigentes, entre ellas las referidas al SEIA, pese a que esta administración ha impulsado un proyecto de ley que está tramitándose en paralelo en la Cámara de Diputados.
Para el abogado de Terram, Ignacio Martínez, incluir modificaciones al SEIA en un proyecto que tiene como única finalidad el promover la inversión “implica una desnaturalización de este mecanismo como instrumento de gestión ambiental, sobre el cual no solo debe haber consideraciones económicas, sino sobre todo ambientales y sociales. El espacio para discutir todas las modificaciones al SEIA debe ser el proyecto que modifica este sistema y no parcializado en el Proyecto Pro Inversión”.
Uno de los puntos del proyecto que más preocupan a esta organización, son las llamadas “consultas de pertinencia”, las cuales, hasta ahora, han operado como un instrumento informal que los titulares de proyectos usan para solicitar al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) ampliar y/o modificar sus operaciones, sin necesariamente someterse nuevamente al proceso de evaluación ambiental, es decir, sin ningún tipo de participación ciudadana o apreciación detallada de los órganos sectoriales competentes en la materia.
En ese sentido, explica que lo grave del proyecto agenda Pro Inversión es que dispone que lo resuelto en las consultas de pertinencias por el Servicio, serán vinculantes para efectos del seguimiento, fiscalización y sanción ambiental, limitando las facultades de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).
“Las consultas de pertinencia constituyen hoy un tema muy preocupante, ya que permiten aprobar modificaciones a proyectos de inversión, sin que las comunidades tengan necesariamente conocimiento que éstas fueron realizadas, no existiendo tampoco claridad respecto a las facultades de fiscalización de la SMA sobre éstas. El proyecto, en vez de avanzar en solucionar este problema, solo le otorga más garantías al inversionista, sin considerar que este instrumento vulnera los derechos de acceso a la información, participación ciudadana e incluso de acceso a la justicia reconocidos en nuestro ordenamiento ambiental”, aclara Martínez.
Al respecto, la directora ejecutiva de la misma entidad, Flavia Liberona, añade que la vocación de este proyecto “explica la actitud política que el Gobierno ha mostrado en materia ambiental al no querer suscribir el Acuerdo de Escazú, el primer Acuerdo latinoamericano en materia ambiental y de Derechos Humanos que aborda temas de acceso a información, participación en la toma de decisiones en materia ambiental y protección de los defensores ambientales; en definitiva, este proyecto representa una contradicción con su intención de liderar la COP25 y poner a nuestro país como sede de este evento de alcance mundial”.
Para Liberona, esta iniciativa devela el bajo compromiso del Gobierno con buscar soluciones a los conflictos socioambientales que aquejan a las comunidades y con la problemática del cambio climático.
“Este proyecto es el más radical esfuerzo por eludir discusiones de fondo en materia ambiental y climática solo facilitando la inversión, con una mirada cortoplacista que otorga claros beneficios a los grandes consorcios empresariales, permite devastar el territorio creando nuevas zonas de sacrificio y pone en desventaja la capacidad de reacción de la sociedad civil”, sentencia la bióloga y directora ejecutiva de Fundación Terram.
