Tal como estaba programado, de acuerdo a los plazos establecidos en la Ley Orgánica del Congreso Nacional, este martes se dio cuenta en la Sala de la Cámara de Diputados del ingreso de la acusación constitucional presentada contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos, conformándose la comisión que estudiará el líbela, la cual grata sorpresa para el Gobierno, quedó integrada mayoritariamente por el oficialismo.

Cumplido dicho trámite, se procedió de inmediato al sorteo, mediante el sistema de tómbola, de los cinco parlamentarios que integrarán la comisión que estará encargada de evaluar el mérito jurídico de la presentación, resultando electos para dicha tarea los diputados RN Hugo Rey y Catalina Del Real; UDI Pedro Pablo Álvarez-Salamanca y Celso Morales; y RD Maite Orsini.

La instancia deberá abocarse al estudio del libelo compuesto por cinco capítulos, centrados en la falta de cumplimiento de su labor como secretaria de Estado, lo que a juicio de los acusadores, configuraría una grave infracción a la constitución y las leyes.

El documento busca acreditar, además, la falta de compromiso con uno de sus mandatos básicos, que es el cumplimiento de las leyes, falta al principio de probidad y falta de control jerárquico respecto de la coordinación y eficacia que deben tener las políticas públicas de la cartera, entre ellas, la falta de control de la ejecución presupuestaria del Ministerio, en materia de educación pública.

De esta manera y dentro del plazo de los próximos tres días se deberá notificar, personalmente o por cédula, a la secretaria de Estado, estableciéndose con ello la prohibición de salida del país, mientras se desarrolla este proceso.

A partir de la notificación, la ministra Cubillos tendrá un plazo de diez días para concurrir ante la comisión encargada de la acusación, ya sea en forma personal o por escrito.

La instancia, a su vez, desde el momento de dicha comparecencia, tendrá un plazo de seis días para estudiar la acusación constitucional y pronunciarse sobre ella, poniendo luego el libelo a disposición de la Sala de la Corporación, la cual lo votará en octubre.

Cabe mencionar que las acusaciones constitucionales tienen su base normativa en la Constitución Política (artículo 52), en la Ley Orgánica del Congreso Nacional (Título IV) y en el Reglamento de la Cámara de Diputados (Título VI).