El abogado y exministro de Justicia, Luis Bates, salió este martes a criticar la acusación constitucional en contra de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, calificando de “preocupante trivialidad” su uso y pidió revisar este mecanismo legislativo como también sancionar a quienes abusan de este derecho establecido en la Carta Magna.
En una carta enviada a El Mercurio, el jurista señala que las últimas acusaciones de este tipo, preveniente de distintos sectores políticos, “se ha caracterizado por una preocupante trivialidad”.
En ese sentido, menciona que cuando le tocó a él estar en el estrado de los acusados siendo ministro de Justicia del Gobierno de Ricardo Lagos, la acusación en su contra “fue de tal ligereza que careció de mérito para pasar a la instancia del Senado”.
Asimismo, señala que la acusación contra la ministra de Educación y ahora senadora DC, Yasna Provoste, “expliqué en el Senado que para ese efecto —como lo reconoce la doctrina y expertos en Derecho Constitucional— el Senado es un tribunal de justicia especial, afirmación ante la cual un senador pidió la palabra para afirmar que él no era juez. Es decir, es una comprensión muy generalizada que esa instancia es exclusivamente política, resuelve políticamente bajo apariencia de juridicidad. Aprobada la acusación, removida la ministra e inhabilitada injustamente para ejercer cargos públicos por cinco años, dicha injusticia fue posteriormente reparada por la ciudadanía al elegirla senadora, mas no la consumación del daño”.
Bates también aborda la acusación constitucional y posterior destitución del ministro de Educación del primer Gobierno de Sebastián Piñera, Harald Beyer, “se ha leído fundadamente como una respuesta o compensación política por la destitución anterior de la ministra Provoste, ambos del Ministerio de Educación”.
“La solicitud de remoción del fiscal nacional, por otra parte, presentada con un acto comunicacional nunca visto en el interior de los tribunales de justicia, fue conocida y desestimada por la unanimidad del Pleno de la Corte Suprema por falta de mérito”, agrega.
Y añade que “realidades y experiencias de aprendizaje que demuestran cierta distorsión de mecanismos constitucionales establecidos solo para situaciones de extrema gravedad, por sus alcances jurídicos y políticos”.
Finalmente, señala que “oportunidades, tal vez, para revisar la normativa aplicable a las materias referidas, incluida la competencia de los órganos que deben resolverlas y la posibilidad de sancionar el ejercicio abusivo de esos derechos constitucionales, pues el ejercicio de cualquier derecho conlleva el consiguiente deber de hacerlo responsablemente. Más allá del tiempo y energías que se restan a la atención de problemas y temas urgentes que interesan a la ciudadanía que representan los parlamentarios”.
