domingo, diciembre 22, 2024

Como se adelantaba, Comisión de la Cámara recomendó rechazar acusación constitucional contra ministra de Educación

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Por cuatro votos contra uno, la Comisión especial de la Cámara de Diputados recomendó rechazar la acusación constitucional en contra de la Ministra de Educación Marcela Cubillos, el cual se votará mañana martes 1 de octubre en el pleno de la Cámara, en Valparaíso, a contar de las 10.30 horas.

El rechazo se acordó con los votos favorables de los diputados UDI Celso Morales y Pedro Álvarez-Salamanca, y RN Catalina del Real y Hugo Rey. Votó a favor de recomendar la acusación la diputada RD Maite Orsini.

Luego del término de la reunión de esta Comisión, se conoció que el diputado Mario Venegas sería el encargado de defender el libelo presentado por la Oposición en contra de la Secretaria de Estado este martes. «Yo me siento honrado de que hayan pensado en mi como un posible diputado y solo tengo por una cuestión de deferencia que conversarlo con mi jefe de bancada, Gabriel Ascencio”.

Añadió que en este proceso los parlamentarios opositores y la DC en su caso particular están actuando “con mucha seriedad, si es que definitivamente en una cosa colectiva tomamos la decisión que yo sea, lo haré con el mayor de los gustos y me prepararé de manera tal que pueda representar adecuadamente las ideas que hemos estado señalando».

En todo caso, a última hora el diputado Ascencio tiene previsto reunirse con todos los miembros de la bancada DC, coincidiendo con el llamado que hizo a sus correligionarios para votar a favor de la acusación este martes.

Reacciones de la Comisión

Para los parlamentarios oficialistas integrantes de la Comisión, los cinco capítulos de la acusación carecen de sustento.

El presidente de esta mesa, Celso Morales, junto con detallar los pasos de la sesión de la Cámara de mañana en torno a este caso, explicó que “no es secreto de que hoy existen conversaciones para poder convencer a algunos parlamentarios para que puedan emitir su voto desde un punto de vista político, pero basado en las causales que tiene carácter jurídico, que es lo que han fundamentado algunos parlamentarios en esta comisión”, aludiendo al artículo 52 de la Constitución en cuanto a que las acusación constitucionales deben tener un trasfondo jurídico y no político.

Por su parte, la diputada Catalina del Real declaró esperar “que los diputados de la Oposición vean esta oportunidad para votar en conciencia. Esta acusación no tiene sustento alguno”.

Por el contrario, la diputada Maite Orsini señaló que, luego de escuchar las diversas intervenciones en la Comisión como también la contestación de la Ministra Cubillos, que los hechos analizados sistemáticamente muestran que «evidentemente se configura una actitud sistemática en pos del abandono de la educación pública» por parte de la Secretaria de Estado, criticando la falta de profundidad de la defensa oficialista.

Agregó que esperar que “los diputados que todavía tienen dudas puedan escuchar con atención esos argumentos porque creo que son los correctos. Sabemos que hoy en día cualquier cosa puede ocurrir y que son muy pocos los votos que van a marcar la diferencia”.

La Acusación

El libelo acusatorio se encuentra dividido en cinco capítulos, que consignan brevemente lo siguiente:

Primer capítulo: se afirma que la ministra ha “faltado a la verdad” y ha cometido “faltas a la probidad”, queriendo transmitir su visión del Sistema de Admisión Escolar a los apoderados.

Segundo capítulo: se refiere al envío masivo de correos a padres y apoderados para “promocionar” la iniciativa mencionada anteriormente.

Tercer capítulo: señala que la secretaria de Estado habría dejado “sin aplicación la ley” al “dilatar el nombramiento de autoridades”, entre otros aspectos.

Cuarto capítulo: se habla de que la ministra «no actuó conforme a los deberes legales y no realizó tardíamente las acciones necesarias para corregir la inejecución presupuestaria en que incurrió la Dirección de Educación Pública”, en los servicios locales de educación que eran dirigidos por personeros nominados bajo la administración de la ex presidenta Bachelet.

Quinto capítulo: tiene relación con la “vulnerabilidad del principio de igualdad” en torno a las problemáticas por el no pago de menciones a las educadoras diferenciales.

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