El senador del PPD, Felipe Harboe, pidió al Gobierno que adopte una estrategia adecuada en materia de seguridad, debido al alza que han experimentado los delitos graves en el segundo trimestre de este año, en comparación con el año pasado, manifestando también su preocupación por que en sólo tres meses se han cometido 164 homicidios en el país, 941 violaciones y 43.908 hurtos.
El legislador catalogó el escenario como gravísimo y apuntó a la falta de medidas adoptadas por el Ejecutivo para hacer frente a la situación.
“La pregunta es, ¿qué tiene que ocurrir?, ¿cuántas mujeres tienen que ser violadas?, ¿cuántas personas tienen que ser asesinadas para que el Gobierno entienda que tiene que tomar una estrategia adecuada en materia de seguridad? Tenemos un recrudecimiento de los delitos, entonces hacemos un llamado a la autoridad a defender a la gente honesta, a la gran mayoría, quienes quieren vivir tranquilos”, señaló.
En ese sentido, explicó que el llamado es a que “de una vez por todas, con inteligencia, se pongan de acuerdo entre las policías y el Ministerio Público para dotar de más seguridad a la población”.
Advirtió que de lo contrario “pasará que los discursos populistas, como los de José Antonio Kast, que llama a armarse, causarán impresiones positivas en algunas partes de la ciudadanía y eso no puede ser. No podemos permitir la proliferación de armas en manos de particulares, ni por uno ni por otro lado. Chile está perdiendo los niveles de seguridad que históricamente nos distinguían en Latinoamérica”.
Acuerdo Gobierno y autopistas concesionadas
Además, el parlamentario se refirió al incremento que han experimentado los delitos de robo de autos, como son los portonazos y encerronas, indicando que los delincuentes “están siendo más rápidos e inteligentes que las autoridades, porque están cometiendo delitos distintos”.
“Tenemos una cantidad de encerronas creciente. No sólo en autopistas concesionadas sino también en las luces rojas”, por lo que planteó la necesidad de que el Gobierno convoque a las empresas concesionarias y juntos acuerden un sistema efectivo de seguridad.
“No es posible que los ciudadanos estén pagando un servicio, al transitar en una carretera, y no se les garantice la seguridad. Se requiere un trabajo coordinado, con inteligencia, con información y persecución penal”, concluyó.
