La iniciativa que cumple su segundo trámite, planteaba originalmente aumentar de 3 a 5 los años de duración en el cargo de los ministros de Cortes de Apelaciones que integren las Cortes Marciales. No obstante y tras el informe que emitió la Corte Suprema en ese momento, los diputados optaron por desechar esa fórmula, mantener la duración de tres años y dejar en manos del máximo tribunal, la posibilidad de prorrogar el período hasta por dos años.

De este modo y según explicó el diputado Matías Walker, uno de los autores del proyecto, se optó por esa medida como una forma de acoger una propuesta de la Corte Suprema y no alterar la duración en los cargos en la misma ley.

Durante el debate en general de la iniciativa, los senadores Víctor Pérez y Andrés Allamand plantearon su inquietud respecto de que se pueda interpretar que con la aprobación de esta iniciativa los parlamentarios se estarían abocando a causas pendientes, lo que está prohibido por la Constitución.

“El tema de las causas pendientes es un tema que tenemos que revisar, porque es evidente que este proyecto está referido específicamente al caso que lleva la ministra (Romy) Rutherford y tenemos una norma de la Constitución que dice que no tenemos que abocarnos a juicios pendientes, de manera que ese es otro tema que vamos a revisar”, dijo el senador Allamand.

Agregó que “me parece muy bien la actuación que ha tenido la ministra Rutherford y la forma en que ha llevado adelante su proceso de manera que aquí bajo ninguna circunstancia hay un cuestionamiento a lo que ella haya hecho…queremos escuchar la opinión de la Corte Suprema en esta importante materia”.

En tanto, el presidente de la Comisión, senador Felipe Harboe (PPD), cree que no se estarían abocando a causas pendientes, pero explicó que “a mí no me parece los fundamentos que habían tenido en vista algunos diputados al establecer grados de culpabilidad o de responsabilidad en una causa determinada y que no me parecía hacer juicios de valor respecto de la comisión de delitos, cuando quienes determinan los delitos son los parlamentarios y no los magistrados”.

Preció que “no hago míos esos argumentos, pero me parece una buena medida de política pública más allá del caso particular, el que sea la propia Corte Suprema la que pueda prorrogar el mandato de los ministros de la Corte Marcial porque no veo ninguna lógica para no hacerlo”.

En una línea similar se manifestó el senador Alfonso de Urresti (PS) quien señaló que en los fundamentos de la iniciativa “no hay una alusión explícita a una causa específica. Estamos en presencia de una buena iniciativa, es un elemento de tremendo avance en la justicia militar y es de toda lógica que si alguien está llevando causas importantes en un ámbito tan hermético como el ámbito militar sea la propia Corte Suprema la que tenga atribuciones para prorrogar o no”.

No obstante, el senador Pérez (UDI) tiene una opinión distinta y cree que se podría caer en la interpretación de estar abocándose a temas pendientes. A su juicio es inaceptable pensar que un nuevo ministro no sea capaz de mantener una línea investigativa específica y recordó que en el caso que lleva ahora la ministra Rutherford, ya hubo antes otro ministro investigando antes de ella y eso no implicó problemas para continuar con el proceso.

Si bien el proyecto quedó en condiciones de ser votado en general por la Sala del Senado, la comisión ofició a la Corte Suprema para que entregue su opinión sobre la actual iniciativa para tener esos antecedentes al momento de votar en particular.