Tras la “tole tole” que se formó en redes sociales con el llamado por grupos nacionalistas para marchar el próximo domingo, desde Plaza Italia hasta el Metro Los Héroes, en contra de los inmigrantes y armados, la Intendencia Metropolitana decidió no autorizarla argumentando para ello que no se cumplían con los estándares que garantizarían seguridad y se instaba a no respetar la ley vigente al incitar a portar armamento.

Así lo dio a conocer la intendenta Karla Rubilar, quien señaló en un punto de prensa en la intendencia que tras revisarse todos los antecedentes del caso y que al realizarse en la jornada en la que también se celebra el Día del Niño se determinó no permitir la marcha por los eventuales incidentes que pudieran ocurrir.

“Esta marcha que se realiza durante el Día del Niño, donde muchas familias vana a salir a disfrutar de nuestro Santiago, donde muchos niños van a estar incluso acercándose hasta el principal parque de entretención que tiene nuestra región, el Parque Metropolitano, es que creemos que con los antecedentes que tenemos y que quiere unirse una marcha llamando a manifestarse con armas, que además hay una antimarcha, no reúne las condiciones mínimas para garantizar el cuidado de nuestros ciudadanos”, explicó.

En ese sentido, continuó indicando que “hemos decidido rechazar la solicitud de esta marcha del día domingo”, llamando a su vez a quienes participarían de la movilización a no concurrir a Plaza Italia esa jornada.

Reiteró que la marcha no está autorizada por la autoridad regional ante la posibilidad que de todas formas se congreguen manifestantes, por lo que insistió en que se adoptarán todas las medidas necesarias para evitar cualquier tipo de enfrentamiento.

Respecto a que la marcha era para manifestarse en contra de los migrantes, la intendenta Rubilar dijo que tras conversar con los organizadores la movilización era por la “chilenidad” y quienes le habrían argumentado que deseaban una migración más regulada y segura.

“Obviamente que ellos lo interpretan como una defensa a los chilenos. Quiero decir que el contexto en el que se da esta marcha es lo que algunos llaman a la violencia, algunos llaman a portar armas, algo que es claramente un delito”, precisó Rubilar.

Asimismo, anunció que se han entregado todos los antecedentes de los grupos que llamaron a marchar armados al Ministerio Público por algo que “nosotros creemos que reviste caracteres de delito como es llamar a marchar portando armas”.

En ese contexto, sostuvo que los antecedentes que se manejan internamente dan cuenta que “había un ánimo de violencia y no de reivindicación de ninguna causa, sino que de enfrentamiento que no podemos permitir”.

Entre la información que manejaba la Intendencia se encuentra que el llamado a marchar con armas se remitía a cascos, bastones retráctiles como otras más artesanales, incluso armas de “peor calibre”.

De esta forma, la intendenta Rubilar tomó el guante dejado durante la mañana por el Presidente Sebastián Piñera, quien en una entrevista con Emol donde afirmó que la mencionada marcha “no debería producirse”.

“Esto lo tiene que resolver la Intendencia, a ella le corresponde dar o no dar permiso. Las reglas son claras, si acaso esta marcha hay antecedentes que indican que puede ser una marcha violenta, que las personas que van a marchar lo harán forma negativa, entonces creo que esa marcha no debería producirse”, expresó el mandatario.

Además, precisó que “detrás de esas políticas antimigración a veces hay sentimientos de odio, de xenofobia, eso no lo queremos en Chile”.

“Chile siempre ha sido un país abierto. Recordemos que hay más de un millón de chilenos en el extranjero, que han sido recibidos también, entonces chile tiene que ser parte de la comunidad internacional, tiene que ser un país que sepa acoger a los migrantes, pero no cualquier migrante”, afirmó.

Reacciones en contra y a favor “siempre que sea pacífica”

A su vez, la diputada RN, Camila Flores, defendió el derecho a expresarse y marchar por las calles de Santiago, pero dejó claramente establecido que eso se tiene que realizar en forma pacífica.

“Si una marcha cumple con los requisitos de seguridad y autorizada por la Intendencia me parece que todo aquel que quiera hacer una marcha, más allá de la motivación o del fondo de la misma , podemos discutir si uno la comparte o no,  pero cada uno tiene derecho a manifestarse”, expresó.

En ese aspecto, la legisladora oficialista expresó que “entiendo el sentir de los ciudadanos, de los chilenos que tienen el legítimo sentimiento de que los inmigrantes están ocupando los puestos de trabajo que legítimamente como chileno les corresponde y en ese sentido me parece importante que cada uno se pueda expresar libremente”.

Por su parte, la miembro de Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, Andrea Parra (PPD), fue clara en señalar que “la sociedad no puede soportar la intolerancia, los llamados a los discursos de odio y menos los llamados a la violencia y a las armas (…) esta marcha va en contra de nuestro ordenamiento jurídico, no es una marcha pacífica”.

Asimismo, llamó al Gobierno a no “criminalizar a los migrantes, porque obviamente ese discurso contribuye a la violencia”.

En tanto, el senador PPD, Felipe Harboe, aseguró que es delicado que “tengamos en Chile un surgimiento público de una especie de sentimiento antimigraciones, creo que el populismo y algunas declaraciones inadecuadas han ido exacerbando esto”.

“Creo que el gobierno hace bien en rechazar este tipo de manifestaciones sobre todo cuando, sin ningún tipo de limitaciones, el llamado lo hacen a llevar armas para defenderse y eso lo hace extremadamente delicado”, explicó y pidió a las autoridades investigar a los grupos que llamaron a portar armamento.

A su vez, el RN y miembro de la Comisión de Derechos Humanos, Andrés Celis, también cuestionó el llamado a manifestarse armado, manifestando que “este llamado en contra de los migrantes donde se agrega un condimento que es la violencia, porque se llama a portar armas, es absolutamente ilegal y además va contra la constitución y los tratados internacionales suscritos por Chile. Esta manifestación es absolutamente contraria al ordenamiento jurídico interno como a los tratados internacionales firmados y suscritos por Chile”.