El Presidente Sebastián Piñera firmó este lunes el proyecto de ley que busca terminar con los abusos en los contratos de arriendos de vivienda y agilizar los procesos judiciales, así como simplificar los trámites asociados. De esta manera, se busca generar un equilibrio entre arrendadores y arrendatarios.
“Este proyecto de ley va hacer justicia en el mercado de arriendos, tanto para los que están arrendando, como para los que están entregando en arriendo”, dijo el Presidente Sebastián Piñera en una ceremonia en Conchalí, en la que estuvo acompañado por el Ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg.
Se estima que cada año se registran 20 mil juicios entre arrendatarios y arrendadores, procesos que demoran en promedio ocho meses y provocan un desgaste importante, además de gastos económicos y tiempo en trámites y traslados.
Es por eso que el proyecto propone agilizar los procesos de solución de controversias y restitución del inmueble en el caso de arrendatario morosos. Además, busca acelerar la notificación de las demandas de arrendamiento y permitir que un juez entregue en forma anticipada la propiedad a su dueño.
“Este proyecto de ley busca terminar con los abusos y agilizar los procesos para que la Justicia pueda volver a reinar en este mundo de los arriendos de viviendas”, añadió el Mandatario.
Otro avance muy relevante es que se fija un plazo de 10 días para dictar sentencia, se acelera su cumplimiento y se facilita el procedimiento para que las deudas por servicios básicos queden asociadas a los arrendatarios, de tal forma de evitar que un propietario deba pagar deudas que no le pertenecen.
“Este es un proyecto de ley muy sentido por cientos de miles de familias chilenas y esto va a permitir facilitar el acceso a la vivienda”, dijo el Presidente Piñera.
La iniciativa también busca simplificar los trámites asociados a estos juicios. La Ley permite que se puedan efectuar demandas, sin abogado de por medio, si el valor mensual del arriendo llega hasta las 8 UTM ($ 400 mil aprox.), lo que representará un ahorro relevante para los afectados.
También se establecerá una protección para los arrendatarios, y las viviendas deberán cumplir con el estándar que exige la ordenanza general de urbanismo y construcciones, con multas de no cumplimiento entre cinco a 100 UTM ($250 mil aprox. a $5.000.000 aprox.)
Finalmente, las garantías en los contratos de arrendamiento no podrán ser superior a dos rentas mensuales y deberán ser restituidas dentro de los 60 días a partir de la restitución del inmueble y que, de realizarse descuentos en su devolución, deberán justificarse y documentar los gastos que lo motivaron.
