El ataque con bomba a la 54 Comisaría de Huechuraba y que dejó ocho carabineros heridos, además del artefacto con explosivo que fue entregado al exministro Rodrigo Hinzpeter, motivó a la autoridad a establecer protocolos para hacer frente a las acciones de grupos terroristas o anarquistas. De esta forma el Gobierno continúa siendo una entelequia que reacciona ante situaciones y no preventiva para evitar situaciones como la ocurrida la semana pasada,

El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, explicó que este fue el primer encuentro coordinar tres lineamientos generales como es el protocolo de empresas privadas reguladas o no reguladas, otro destinado a los servicios públicos y otro para la integración de la acción de los distintos servicios existentes.

“Entre ellas las empresas de correos que reciben y despachan correspondencia y paquetes como el utilizado el jueves pasado en el atentado terrorista”, señaló.

Sobre los servicios públicos, la autoridad precisó que estos “son receptores de este tipo de encomiendas y que tienen que tener claridad respecto a cómo operar cuando se recibe este tipo de correspondencia”.

En cuanto al tercer protocolo, Ubilla mencionó que “cuando se produce una situación como la vivida el jueves pasado, donde hay una acción de terceros, un acto terrorista, distintas instituciones del Estado tienen que interactuar. La forma en cómo interactúan es clave para efectos de enfrentar esta emergencia producto de un acto terrorista”.

En ese sentido, afirmó que se ha establecido un plazo “extremadamente urgente” debido a la situación ocurrida la semana pasada, por lo que se espera que esta semana se entregue al Presidente Sebastián Piñera los lineamientos respecto a estos protocolos.

En cuanto a la carencia de una autoridad coordinadora, Ubilla sostuvo que es algo que se tiene que discutir porque “las visiones de las distintas instituciones son complementarias, son visiones que tienen que ver con la persecución, con la investigación, la persecución o la prevención y para eso algunos de los lineamientos que le haremos llegar al Presidente es responder de cómo se va a no solamente a escribir un protocolo, como se le va a dar seguimiento y finalmente quiénes van a ser las autoridades que tienen que levantar las alertas respectivas”.

En cuanto al grupo que se adjudicó los atentados y la veracidad sobre su existencia, Ubilla no quiso ahondar en el tema porque “cualquier cosa que yo diga puede afectar la investigación” que lleva la fiscalía o puede entregar señales a la prensa y a través de ustedes a la ciudadanía que pueden ser equívocas respecto a algo que está en proceso investigativo”.

Por su parte, el director de la Agencia Nacional de inteligencia (ANI), no quiso hacer una evaluación sobre el accionar de la institución, la cual ha sido cuestionada por su baja o carente reacción investigativa y de alerta ante eventuales ataques terroristas.

“Los temas de inteligencia no los voy a tratar por la prensa y considero que no deben ser tratados por la prensa, sin perjuicio del respeto que yo tengo por el trabajo que ustedes realizan”, explicó.

En ese sentido, sostuvo que “son temas de inteligencia. Cualquier opinión que yo dé al respecto estoy refiriéndome a la Ley del Sistema de Inteligencia del Estado, esta ley reservada y los temas de inteligencia no se tratan por la prensa, esa es la decisión”.

Y añadió que el Gobierno presentó un proyecto de ley que actualmente está en el Senado tramitándose y que apuntan a “fortalecer el Sistema de Inteligencia del Estado y modificar la ANI”.