El general director de Carabineros, Mario Rozas, salió este miércoles a explicar la situación que involucra a 12 funcionarios de la 21 Comisaría de Estación Central formalizados por apremios ilegítimos, afirmando que esperará el sumario administrativo para determinar las medidas institucionales en su contra, las cuales pueden ir desde sanciones hasta la expulsión de la policía uniformada.
Así lo dio a conocer este miércoles en un punto de prensa hecho en La Moneda, ocasión en que explicó que el caso actualmente se encuentra radicado en el Ministerio Público, agregando que a nivel interno la institución inició un sumario administrativo que arrojará las responsabilidades de cada uno de los funcionarios involucrados.
Sin embargo, explicó que si los hechos son ciertos “obviamente son repudiables, condenables y con la misma fuerza que yo anuncio lo positivo de mi institución, con esa misma fuerza también denuncio lo negativo, por lo tanto, esperamos que a la brevedad posible se puedan determinar las responsabilidades”.
El general Rozas explicó que en 2018 se adoptaron cerca de 145 mil casos de comercio ambulante en el país, de los cuales 25 mil fueron en la Región Metropolitana, “no obstante eso este caso en particular nos llama la atención, lo estamos observando, se está analizando y estamos retroalimentando al personal desde la perspectiva del control que se debe efectuar y esperamos erradicar este tipo de conducta que se le están imputando a estos integrantes de la institución”.
Y explicó que “desde el punto administrativo cuando llegamos a esa certeza administrativa inmediatamente son expulsados, son dados de baja y eliminados de la institución, en este caso de comercio ambulante se está acopiando el máximo de antecedentes para tomar las decisiones desde la perspectiva administrativa y no se descarta ninguna toma de decisión en el sentido de sanciones hasta la expulsión de la institución de acuerdo al mérito de cada caso”.
Por su parte, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, dijo que de ser verdad la denuncia es un “procedimiento condenable”, debido a que pudo hacerse al margen de la ley.
“Quien primero reacciona y quien estuvo en la investigación interna es Carabineros, por lo tanto no podemos tener la certeza de que alguien no va a cometer una acción ilícita, lo importante es que cualquier funcionario si comete una acción delictual que tenga muy claro que la propia institución va a adoptar de inmediato las medidas y va a ser denunciado a la justicia como ha ocurrido con la investigación que está llevando adelante la Fiscalía”, sostuvo.
