“La gente sufriría las consecuencias”, señaló el superintendente (S) de Servicio Sanitarios, Jorge Rivas, frente a una eventual decisión de caducar el contrato de la sanitaria Essal, tras la contaminación del agua que dejó a la población de Osorno más de diez días sin suministro.

En la instancia, Rivas explicó cómo se produjo el derrame de cerca de mil litros de petróleo a los estanques de agua que abastecían a Osorno y que también contaminó el río Rahue. Señaló que, por una falla humana, no se habría cerrado correctamente el paso del combustible a los generadores que la empresa usaba para reducir costos eléctricos en horarios punta.

Además, agregó que la sanitaria en primera instancia no entregó la información correcta a las autoridades de lo acontecido. Primero habrían señalado a través de un comunicado oficial que el corte era por una matriz rota y solo al medio día del jueves 11 de junio hablaron del episodio de contaminación.

Tras su exposición, las y los integrantes de la instancia procedieron a realizar consultas en torno a la fiscalización del funcionamiento de los generadores desde lo que se produjo el derrame. Frente a esto, la autoridad señaló que esa materia le compete a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). Sin embargo, a raíz de lo acontecido, comenzarán a trabajar en conjunto para prevenir este tipo de accidentes.

Sin embargo, la mayor inquietud planteada en la instancia, relacionada a tomar la decisión de caducar el contrato de la sanitaria en Osorno, fue cuestionada en su viabilidad por el superintendente.

“Esto significa pasar un período extenso para buscar una empresa que opere. La gente va a sufrir las consecuencias de este período de transición”, señaló la autoridad, agregando que un cambio así implicaría un nuevo sistema de facturación y, en este escenario, sería “imposible garantizar que va a haber un periodo de operación normal”.

Para el presidente de la Comisión, diputado Ricardo Celis (PPD) “es casi de sentido común el solicitar al Presidente de la República que de la caducidad a esta planta en Osorno”. Si bien dijo entender que es un proceso complejo, insistió en que “esa es la sanción máxima que está establecida en la ley y es la que debe tener”.

Por su parte, el diputado de la zona afectada, Javier Hernández (UDI), fue enfático al señalar que Essal se tiene que ir de Osorno. «Ya no es posible que recupere las confianzas. La recuperación de confianzas la tienen que dar hoy día las autoridades y para ello tienen que aplicar el máximo rigor de la ley”, puntualizó.

Ambos parlamentarios señalaron también que los dos meses libres del pago de la cuenta de agua para la comunidad afectada es una medida insuficiente y que ahora es necesario establecer políticas especiales para las empresas que se vieron afectadas económicamente por el corte de agua.