El excomandante en jefe de la Armada, almirante (R) Edmundo González, salió este domingo a criticar la derogación de la Ley Reservada del Cobre que pone fin al financiamiento de las Fuerzas Armadas, advirtiendo que a partir de ahora los “enemigos” conocerán lo que las distintas ramas castrenses están adquiriendo para renovar su material bélico.

En una entrevista con El Mercurio de Valparaíso, González explica su oposición al término de la ley y la instauración de un financiamiento plurianual, indicando que “estas cosas nos van dando cuenta de que la ley no era tan siniestra como se describía. Producía bastante estabilidad y desde 1958 que se fue corrigiendo hasta satisfacer bastante bien las necesidades de las FF.AA. Creo que no era necesario el cambio”.

Desde ese punto de vista, el exuniformado cree que habría sido mejor perfeccionar la derogada ley por medio de reincorporar la toma de razón de la Contraloría, ya que “habría sido suficiente modificarla en cuanto a transparencia, pero también hay que tener mucho cuidado porque lo que estamos comprando no son bolitas de dulces, es material altamente sofisticado que requiere de mucha clasificación y reserva, y no cualquier persona puede conocer esa información”.

Asimismo, pone el grito en el cielo al señalar que “con el aprecio y respeto que le tengo a los miembros del Parlamento, tratar de filtrar la cantidad de personas que se involucrarán en el conocimiento de estos temas es muy difícil”.

“Es lo mismo que publicar el tema en internet. Aquí todo el mundo dice que con esto se van a transparentar las compras de armamento. Y yo diría que sí, se puede transparentar, pero hay que tener cuidado con transparentar todo el detalle”, sostuvo.

El almirante (R) también afirma que se ha relativizado el rol de las Fuerzas Armadas, mencionando que “las nuevas áreas de misión que están teniendo nos exige incluso tener un mejor equipamiento y más sofisticado, que en algunos casos puede ser público, como en la Directemar, pero en otros casos tiene que ser altamente clasificado”.

Asimismo, sostiene que con la nueva forma de financiamiento de las FF.AA. se perderá la reserva de adquisición de elementos para las ramas castrenses, precisando que “creo que con el proyecto que existe hoy en día se pierde poco, a medio y, con las modificaciones que va a tener en el camino, se perderá mucho”.

En cuanto a los cuestionamientos que se le hacía a la derogada ley en el sentido que las FF.AA. non tenían control civil, el excomandante en jefe de la Armada sostiene que “es falso lo que se dice de que los militares nos financiábamos y mandábamos solos. Nunca fue así con la ley. Cuando queríamos comprar, el Ejecutivo tenía que estar alineado y las comisiones de Defensa del Parlamento también”.

En esa línea, explica su reparo al precisar que “la ley imponía una reserva sobre las compras militares que, si bien no se aseguraba totalmente, al menos dificultaba de manera importante el conocimiento por parte de otros actores. Pero con esta transparencia de ahora -sin saber en cómo terminará el sistema-, no puedo asegurar que otros actores estén ajenos a las compras. Por eso el haber derogado la ley es una apuesta riesgosa”.

Los vecinos y enemigos

Ante la pregunta: ¿Le ha costado a la clase política y a la sociedad comprender la importancia de la Defensa y que desde esa perspectiva, a su juicio, no todo debe ser transparentado?

González responde: «Mire, nuestras relaciones vecinales, históricamente, obedecen a los ciclos económicos de cada país. No quiero dar nombre, pero cíclicamente ha pasado que cuando un vecino está mejor y nosotros mal, tenemos problemas. Entonces, erradicar los problemas vecinales creo que es una utopía. Las FF.AA. tienen que estar concentradas en las amenazas vecinales porque para eso existen. Negarse a eso sería negar que la guerra existe; y negar que la guerra existe es algo que por siglos se ha demostrado que es imposible».

“El riesgo es que nuestros enemigos van a saber perfectamente lo que estamos comprando y va a comprar la contra medida”, asegura.

Y considera que con la nueva ley se “puso la carreta delante de los bueyes”, porque el nuevo sistema “debiera obedecer a la Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa (ENSYD), que aún se discute en el Congreso desde el primer gobierno de Piñera. Esa debería ser la cabeza del mecanismo, pero se terminó haciendo antes por una presión política en lugar de haber trabajado nuevamente la ENSYD”.