Como un paso histórico para modernizar la Defensa Nacional, calificó este miércoles la aprobación que hizo la Cámara de Diputados del nuevo sistema de financiamiento de las Fuerzas Armadas y elimina la cuestionada Ley Reservada del Cobre, terminando así con una norma que regía desde hace más de 60 años.
La ley fue aprobada por con una amplia y transversal mayoría y recibió los comentarios positivos de legisladores de todos los sectores, quienes la catalogaron como “histórica” ya que fija un sistema estable, transparente y con amplios controles civiles y democráticos del Congreso y la Contraloría General de la República.
El ministro de Defensa, Alberto Espina, señaló que “este es un hecho histórico y un cambio trascendental en la modernización de las FF.AA. porque pone término al financiamiento por la Ley del Cobre y lo sustituye por un sistema democrático, estable y transparente con la adecuada fiscalización de las autoridades civiles. Esto, sin lugar a dudas es uno de los procesos de modernización más trascendentes que se han hecho respecto de la defensa nacional”.
En ese sentido, explicó que este tema se abordó como una política de Estado, aclarando que “este proyecto contempla un aporte basal que son los recursos que se requieren para el mantenimiento y sostenimiento de las capacidades estratégicas de nuestro país, lo que es fundamental para que nuestro país sea independiente y resguardemos nuestra soberanía, actuemos en emergencias y catástrofes y cuidemos nuestros intereses territoriales”.
Espina también hizo frente a cómo el proyecto termina con el mal uso que se ha hecho de los gastos reservados y que se ha conocido en el último tiempo, indicando que posee nuevos y rigurosos controles que se establecen en esta ley como una forma de evitar el uso irregular de estos.
“Hemos quedado con uno de los sistemas más modernos que existen en el mundo para financiar las FF.AA.”, resaltó, afirmando que en forma inmediata se termina el financiamiento de las FF.AA. a través de la Ley del Cobre y que los recursos que se generaban de esta norma con más de 60 años irán al tesoro público.
Además, anunció que luego de promulgarse esta nueva normativa se enviará al Congreso otro proyecto que moderniza el sistema de compras que es necesario institucionalizar “para que exista seguridad que se haga en forma adecuada”.
Espina aseguró que con la derogación de la Ley Reservada del Cobre, las FFAA no se financiarán más con el cobre, puesto que “eso era malo para las Fuerzas Armadas porque un financiamiento hecho a través de las ventas del cobre era de una inestabilidad absoluta y no tenía ninguna justificación”.
Entre los fundamentos de la normativa se cuenta que hasta antes de ésta, el Congreso estaba excluido de la discusión y materias sobre financiamiento de las capacidades estratégicas; no resultaba eficiente que las inversiones sectoriales dependieran de la volatilidad del precio internacional del cobre y que existía dificultad de transparencia en la asignación de recursos y el control externo.
El nuevo sistema tiene un carácter plurianual, estable, transparente y con amplios controles civiles y democráticos que incluyen al Congreso Nacional y la Contraloría General de la República, derogando de paso la Ley del Cobre.
Los 12 puntos clave de la ley
1.- Política de Defensa. Se establece una política de Defensa como criterio orientador de las capacidades estratégicas de la Defensa Nacional, que será presentada ante las comisiones técnicas de la Cámara y el Senado. Esta política concretizará la planificación para el Desarrollo de la Fuerza que tendrá una duración no inferior a 8 años. Esta planificación derivará en un plan cuatrianual de inversiones.
2.- Fondo Plurianual de Capacidades Estratégicas. Este fondo le da estabilidad a las inversiones a mediano y largo plazo, que se hagan en material bélico, infraestructura asociada y gastos de sostenimiento.
3.- Consejo del Fondo Plurianual para las Capacidades Estratégicas. Este nuevo consejo estará encargado de la programación y control de flujos financieros y su administración financiera a cargo del Banco Central.
4.- Proyección al cuarto año. La Ley de Presupuestos de cada año deberá contener la proyección del aporte anual del año cuarto, considerando el programa cuatrienal de inversiones, para la aprobación del Congreso Nacional.
5.- Aporte basal. Se fija un aporte basal para el mantenimiento, sostenimiento y actualización de las capacidades estratégicas existentes, que corresponde a un monto promedio de los aportes basales enterados al Fondo Plurianial en los seis años inmediatamente anteriores al año en que se aprueba el aporte anual (Art. 101).
6.- Fondo de Contingencia Estratégico. Este fondo permitirá enfrentar situaciones de crisis y financiar material bélico severamente dañado como consecuencia de emergencias o catástrofes. También permitirá anticipar una adquisición de material bélico contemplada en la planificación del desarrollo de la fuerza, cuando por las características y disponibilidad sea necesaria dicha adquisición. La administración financiera de los recursos del fondo estará a cargo del Banco Central.
7.- Los 6 Controles civiles y democráticos.
1) En forma previa, el ministro de Defensa, deberá presentar al Congreso y sus comisiones de Defensa el plan cuatrianual de inversiones, lo que se hará meses antes de la discusión de presupuesto.
2) Luego el Congreso votará en la Ley de Presupuesto la proyección del aporte al cuarto año y el aporte anual.
3) Control de la Contraloría General de la República a los decretos que aprueban el programa cuatrianual de inversiones a través de observaciones y auditorías. Si la Contraloría hace observaciones, el ministro de Defensa deberá informa de estas a la Cámara de Diputados.
4) Control de las comisiones técnicas del Congreso Nacional al anticipo de adquisiciones. El Ministro de Defensa Nacional deberá informar dichos anticipos, en sesión secreta a las comisiones técnicas de cada Cámara del Congreso Nacional.
5) Control y fiscalización ejercido por la Contraloría General de la República, sobre el financiamiento, inversiones y gastos relacionados con las capacidades estratégicas.
6) Una vez al año, el ministro de Defensa Nacional informará sobre la forma de materialización de las capacidades estratégicas en sesión secreta y conjunta de las comisiones de Defensa Nacional del Congreso.
8.- Fin del piso mínimo. Se elimina el piso mínimo para actividades generales de las Fuerzas Armadas establecido en la Ley de Presupuestos.
9.- Fin del piso mínimo para gastos reservados. Se elimina el piso mínimo de gastos reservados contemplado hasta ahora para las Fuerzas Armadas.
10.- Proyecto de ley para regular sistema de compras de capacidades estratégicas. Dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la ley, el Presidente de la República deberá enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley que regule el sistema de compras que se realice con cargo al Fondo Plurianual para las capacidades estratégicas. El proyecto de ley deberá incorporar mecanismos de control civil y democrático, resguardando el secreto o la reserva cuando corresponda.
11.- Deroga Ley Reservada del Cobre. Se deroga la ley N° 13.196, Reservada del Cobre, subsistiendo el impuesto del 10% a beneficio fiscal por un período de nueve años, disminuyendo desde el año diez un 2,5% por año hasta llegar a 0% en el año doce.
12) Recursos remanentes de Ley del Cobre a Fondo de Estabilización. Los recursos remanentes de la Ley Reservada del Cobre no irán a las FFAA sino que se incorporarán al Fondo de Estabilización Económica y Social establecido en la ley 20.128 sobre responsabilidad fiscal.
La historia de la ley
Esta ley fue ingresada al congreso el 20 de mayo de 2011 por el Presidente Sebastián Piñera y en su primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados fue aprobado con 107 votos a favor, siendo despachada al Senado donde se suspendió su tramitación.
En agosto de 2018 se retomó la tramitación, para lo cual el Gobierno ingresó una indicación, aprobándose la idea de legislar el 15 de enero. Ese mismo mes se constituyó una mesa técnica para perfeccionar este proyecto. Entre enero y abril hubo 13 sesiones en las que participaron parlamentarios del oficialismo y la oposición, lográndose acuerdos transversales que se transformaron en indicaciones que alcanzaron amplio consenso.
El 22 de mayo se aprobaron las indicaciones en la Comisión de Defensa del Senado; el 3 de julio hizo lo propio la Comisión de Hacienda del Senado y el 17 de julio en forma unánime (35 a 0) lo aprobó la sala del Senado. El 23 de julio, en tanto, en su penúltimo trámite, la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados aprobó el trabajo del Senado por 12 votos a favor y 1 en contra y en su último trámite, la Sala de la Cámara de Diputados lo aprobó por amplia mayoría.
