La Cámara de Diputados -que por cierto nadie ni nada puede fiscalizarlos- aprobó por 100 votos a favor y una abstención el llamado «Proyecto Rutherford» que permitirá extender en dos años más la figura del o de la Ministro en Visita en una Corte Marcial, la idea surgió a partir de la ultrameditización del caso Fraude al Ejército que encabeza la ministra Romy Rutherford, que está próxima a terminar su período de tres años a cargo de esta indagatoria que ha procesado a varios uniformados y a ex comandantes en jefe.

«Estos magistrados presentan un plazo máximo de tres años para realizar su trabajo, periodo tras el cual debe ser nombrado un nuevo juez, lo que no contribuye a la continuidad de la investigación y que, en el citado caso, ya implicó el reemplazo de Omar Astudillo (noviembre de 2015 a marzo de 2017) por Romy Rutherford, quien hoy se acerca también a cumplir su mandato», señala la Cámara de diputados.

En concreto, el texto, ahora enviado a segundo trámite al Senado modifica el Código de Justicia Militar estableciendo que la Corte Suprema, por acuerdo del pleno, podrá extender el plazo de duración en el cargo de ministro en visita en corte marcial hasta por dos años, principalmente, en aquellos casos en que este magistrado se encuentre investigando causas de alta complejidad, duración e impacto público.

Así, con un mayor plazo como integrante de la corte marcial, se evita que ministros que llevan años a cargo de un proceso dejen su cargo y asuma otro que debe iniciar el estudio de miles de fojas con la consiguiente dilación en la dictación de las sentencias y el cumplimiento de las penas que se deben aplicar.

Con este cambio -señala el informe de los diputados- se espera dar continuidad a este tipo de procesos de alta connotación pública, con decenas de tomos y cuadernos, con montos defraudados altísimos y con oficiales de alta graduación que, con su accionar, no solo han actuado delictualmente, sino que han perjudicado a una institución muy necesaria para el país, afectando, además, el trabajo profesional de miles de funcionarios, sostiene el informe parlamentario.

Cabe recordar que este proyecto surge de los diputados DC Matías Walker, Gabriel Ascencio y Pablo Lorenzini; del PS Leonardo Soto; RN Ximena Ossandón; Evópoli Francisco Undurraga; y RD Jorge Brito; proyecto que fue perfeccionado en la Comisión de Constitución.