Sin duda alguna hay curas dentro de la jerarquía de la cuestionada Iglesia Católica Chilena que no logran comprender la gravísima situación por la que atraviesan como resultado de los innumerables escándalos de abusos sexuales cometidos por hermanos, frailes, curas y obispos e incluso muchos de ellos perpetrados por mediáticos curas que simplemente se han burlado de la fe pública, por ello no es antojadizo señalar que en este escenario la Iglesia actúa con doble moral.

Ahora bien, es importante destacar que los más costosos colegios pertenecen a la Iglesia y a las más poderosas congregaciones y órdenes religiosas, como los cuestionados Legionarios de Cristo, los Mercedarios y los Jesuitas, por mencionar tres organizaciones en que se han descubierto curas abusadores.

En esta línea se entiende la carta publicada en El Mercurio titulada “Paro docente y la responsabilidad ética”, firmada por los curas Héctor Vargas B., Pdte. Área Educación de la Conferencia Episcopal de Chile y Andrés Moro V., vicario para la Educación del Arzobispado de Santiago, en la que sostienen que: “La responsabilidad política de las autoridades y dirigentes gremiales es también ética en el sentido de garantizar mínimas condiciones que permitan restituir el derecho a la educación a los más de 600 mil niños y niñas afectados por esta paralización”.

Vargas y Moro sostienen además que: “La prolongación del conflicto daña la trayectoria escolar de los niños, niñas y jóvenes, y las partes son corresponsables de este costo. Por eso el problema crítico que vemos cuando no coinciden las voluntades es que se siguen agravando en Chile las desigualdades sociales en cuanto al acceso a las oportunidades que todos los y las estudiantes requieren para su desarrollo integral”.

A continuación el texto completo de la misiva:

“Pese a la percepción que pueda existir de los avances o retrocesos de las negociaciones, es clave hacer un llamado hoy a no abandonar la actitud ni la agenda de diálogo. Se trata de un ejercicio cívico que está en el corazón de la vida democrática y, por lo mismo, es exigente en cuanto a la corresponsabilidad de las partes, por lo que implica honrar tanto los acuerdos como las diferencias.

Este mutuo reconocimiento supone legitimar las demandas de unos y las respuestas de otros, aunque no siempre se cumpla con todas las expectativas declaradas. En este sentido, es importante valorar lo que hemos podido lograr como sociedad, por ejemplo, a través de la Ley de Carrera Docente que, no siendo del todo óptima, ha implicado un avance. Es importante mirar la educación como una política de Estado, porque los nudos críticos de este conflicto son tan coyunturales como estructurales.

Es importante tener en cuenta que hay un punto en el proceso de diálogo en que deben aparecer las promesas con sus respectivos plazos formales y recursos concretos para el directo beneficio de la educación pública. En consecuencia, la responsabilidad política de las autoridades y dirigentes gremiales es también ética en el sentido de garantizar mínimas condiciones que permitan restituir el derecho a la educación a los más de 600 mil niños y niñas afectados por esta paralización.

En estos casos se configura una paradoja incómoda. Por un lado, toda lucha social es válida cuando se formula desde la conflictividad positiva para corregir debilidades del sistema. Por otro lado, la prolongación del conflicto daña la trayectoria escolar de los niños, niñas y jóvenes, y las partes son corresponsables de este costo. Por eso el problema crítico que vemos cuando no coinciden las voluntades es que se siguen agravando en Chile las desigualdades sociales en cuanto al acceso a las oportunidades que todos los y las estudiantes requieren para su desarrollo integral.

Hay consenso social respecto de que una educación de calidad pasa por la valoración de los educadores y educadoras de nuestro país, especialmente si cumplen su misión en sectores más vulnerables. Así como es esperable que los gobiernos cuiden a sus profesores, estos a su vez tienen una responsabilidad pedagógica y ética con los estudiantes que acompañan y con sus familias. Es importante comprender que tanto la lucha como la gobernanza educativa se sostienen y se legitiman cuando los intereses se ponen al servicio de los principios, y no al revés”, firman los curas Héctor Vargas y Andrés Moro.