El Fiscal de Venezuela Tarek William Saab anunció este martes que dos delegados de Juan Guaidó serán imputados por corrupción.
Se acusa a Rossana Barrera y Kevin Rojas el haber malversado fondos que estaban destinados a ayudar a los militares venezolanos que desertaron hacia Colombia, el pasado 23 de febrero.
Según las declaraciones de Juan Guaidó el lunes pasado, los 90.000 dólares presuntamente desviados corresponden a donaciones realizadas por privados, y no a fondos entregados por ACNUR, para dar asistencia a los soldados desertores.
Dimitris Pantulas, analista político y profesor en el Instituto de Educación Superior en Administración en Caracas, explica que están acusados de haber usado ese dinero para cobros personales o de haberse quedado con la diferencia después de gastarlo para los militares.
“Juan Guaidó y su gobierno han anunciado diferentes medidas” y pedido la ayuda de Columbia o de ONG como Transparencia Internacional, explica el analista, subrayando que “Juan Guaidó intenta mostrar que su gobierno es muy diferente del gobierno de Nicolás Maduro y que no hay impunidad”.
Más allá de las investigaciones, este caso pone de relieve la opacidad que reina en el manejo y el seguimiento de toda ayuda humanitaria a Venezuela.
Estos fondos “vinieron de una manera repentina, nadie los esperaba porque eran momentos y eventos ad hoc, no había instituciones, organizaciones que podían manejar estos fondos. Entonces es muy posible tener casos de corrupción. Creo que es parte de la tragedia que vive Venezuela, un país sin instituciones y que tiene un gobierno en paralelo. No hay manera de que haya transparencia”, recalca Dimitris Pantulas.
