Este miércoles, con un segundo informe de la Comisión de Hacienda fue aprobado -por la Sala de la Cámara de Diputados- el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que regula la información y rendición de cuentas de gastos reservados en el sector público.
Además se consigna la derogación de los “pisos mínimos” que las leyes orgánicas respectivas establecen en materia de gastos reservados para las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, los que tienen por objeto asegurar una autorización de gastos reservados por ley permanente sin que puedan ser rebajados fruto de la discusión de la Ley de Presupuestos para un año determinado.
La iniciativa, que pasa ahora a consideración del Senado, incorpora modificaciones permanentes a la Ley 19.863, sobre remuneraciones de autoridades de gobierno y cargos críticos de la administración pública y da normas sobre gastos reservados, en materia de rendición de gastos reservados, dentro de un plazo de un año, contado desde la publicación de la Ley de Presupuestos.
El articulado parte por definir lo que se entenderá por gastos reservados y agrega que la Ley de Presupuestos del sector público fijará anualmente las sumas a que ascenderán los gastos reservados para los siguientes ministerios y entidades, que serán los únicos que podrán contar con esta clase de recursos: Presidencia de la República, Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección de Fronteras y Límites del Estado, Ministerio de Defensa Nacional, Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y Agencia Nacional de Inteligencia.
Al mismo tiempo, el proyecto señala que dichos ministerios y entidades estarán sujetos a control interno y externo en la ejecución de los gastos reservados y que, además, identificarán, mediante resolución fundada de carácter reservada, las unidades operativas que requerirán para su operación el uso de los gastos.
Enfatiza que, con cargo a los gastos reservados, no podrán además efectuarse pagos a funcionarios públicos; ni transferencias para financiar campañas políticas, de partidos políticos u organizaciones gremiales. En los delitos de malversación de caudales públicos referidos a gastos reservados, el juez podrá aumentar la pena correspondiente en un grado.
En el mismo sentido, el documento agrega que los jefes de las mencionadas unidades deberán informar a los subsecretarios de cada ministerio, semestralmente y en forma secreta, de la utilización de recursos autorizados para gastos reservados. Asimismo, deberán dar cuenta, en sesión secreta, a la comisión especial de la Cámara de Diputados del cumplimiento de los objetivos generales para los cuales están destinados los gastos reservados.
El proyecto detalla que serán los mismos jefes de las unidades operativas que ejecuten los gastos reservados, quienes rendirán cuentas al Contralor General de la República. Dicha cuenta, describe la iniciativa, será anual, genérica y secreta, considerando una desagregación por rubros que permita ilustrar sobre el contenido fundamental de los gastos, debiendo acompañar una declaración jurada de uso legal de los recursos.
De este modo, la modificación que se propone busca que la decisión sobre la autorización de los gastos reservados de dichas instituciones quede, entregada por completo, año a año, al Presidente de la República y al Congreso Nacional, según corresponda de acuerdo a sus respectivas atribuciones.