El ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, salió este jueves a defender la reforma laboral que impulsa el Gobierno, descartando de plano que esta iniciativa busque precarizar el trabajo y que los sueldos se vean reducidos al ajustar la jornada laboral.

La iniciativa en palabras del secretario de Estado busca incorporar y aumentar la participación laboral de mujeres, jóvenes, personas con discapacidad y adultos mayores.

Lo que se pretende es que a través de distintos mecanismos, como jornadas laborales adaptables, normas de protección para los empleos del siglo XXI y mayor inclusión para el empleo y la capacitación para las mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad, que “Chile avance en modernizar su mercado laboral”.

En el primer punto, el ministro Monckeberg informó que actualmente la norma que regula la jornada laboral (45 horas) es muy rígida, por lo que la iniciativa del Ejecutivo busca abrir las puertas a nuevas modalidades como tres nuevos tipos de jornadas: 180 horas a nivel individual, semanal distribuida en no menos de cuatro días ni más de seis, y semestrales y anuales pactadas a nivel colectivo.

Además, convenir una bolsa de horas extraordinarias; alternativas de horario de inicio y término de jornada; Compensación de horas extraordinarias con días adicionales de vacaciones; anticipar o postergar la recuperación de horas de permiso autorizado; disminuir el tiempo de colación para adelantar el horario de salida; y adaptar la jornada de trabajo en períodos de vacaciones familiares.

Asimismo se plantea: Incorporar la posibilidad de pactar un sistema excepcional de distribución de jornada; cambiar 2 domingos de descanso al mes por 12 al semestre y la suspensión del contrato de trabajo.

En el segundo eje que contiene el proyecto busca ponerse a tono a los nuevos tiempos en materia de empleo, y que garantice la protección de los trabajadores. Por ello se plantean tres temas importantes y que hoy no están reguladas en el Código del Trabajo.

Por ejemplo, el Contrato de formalización, que busca promover la formalización del trabajo en eventos extraordinarios, ocasionales o no permanentes; y la Regulación de las economías de plataforma, esto mediante la emisión de boletas de honorarios, asegurándose así acceder a protección social (Ley de Honorarios).

“Cuando uno analiza la legislación chilena, está hecha para empleos que hoy día ya han quedado en el pasado. El Código del Trabajo establece una jornada única de 5-6 días a la semana donde el trabajador está prácticamente obligado a estar 8 horas diarias en la oficina entrando y saliendo a la misma hora con los mismos descansos, y hoy día la tecnología y las oportunidades laborales van para otro lado. Es fundamental que pongamos el foco de esta modernización en mejorar la calidad de vida de los trabajadores. No hay nada más precario para los trabajadores que no tener trabajo o tener un trabajo que lo encadena a jornadas rígidas con baja productividad, por eso es que este proyecto apunta al corazón de mejorarle la calidad de vida de los trabajadores”, explicó.

Monckeberg también fue consultado por la posibilidad que los salarios se vean reducidos al adecuar las horas laborales, indicando que “cuando uno hace reducciones de jornadas mal hechas puede producir un efecto como ocurrió la última vez, en donde las remuneraciones cayeron y por ayudar al trabajador se terminó por perjudicarlo”.

Y añadió que lo que se está planteando actualmente es una jornada mensual de 180 horas que implica una reducción de jornada, casi en un 10%, pero también “implica que el trabajador va a poder ordenar su horario de forma de optimizar su tiempo, lo que produce mejor calidad de vida y al mismo tiempo no impacta en las remuneraciones porque la productividad se mantiene”.

Además en materia de inclusión, que forma parte del tercer eje, el ministro anunció que se perfeccionará la Ley de Inclusión para personas con discapacidad, como eliminando “algunas barreras” de acceso para empleos en el sector público; que las multas en el sector privado sean mensuales cuando no cumple y aquellas empresa que opten por medidas alternativas, lo hagan mediante la entrega de una becas de estudios.

Entre las políticas de género y medidas en pos de la inclusión femenina, que buscan fortalecer el rol de la mujer en el mundo del trabajo, la iniciativa propone la obligación de la empresa de incluir en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, que se aborden políticas de género y de inclusión laboral; además de incorporar mujeres en el Comité Paritario de Higiene y Seguridad y en el Comité Bipartito de Capacitación y Empleo.

Al respecto el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab indicó que “hoy día los trabajadores con discapacidad tienen un obstáculo para entrar por ejemplo al sector público, porque se exigen certificado de IV medio, muchos trabajadores con discapacidad estudian en escuelas especiales, donde no les dan los certificados de IV medio. El proyecto plantea dar un certificado que sea homologable para que más personas con discapacidad  puedan incorporarse al sector público. En el caso de las mujeres lo mismo, estamos planteando diversas alternativas de horarios de jornadas, para que las mujeres puedan compatibilizar lo que es la vida laboral, con la vida familiar”.

En materia de acoso laboral y sexual, que han tenido un aumento durante el último tiempo, se proponen normas para reforzar la prevención, fiscalización y su sanción.

Señaló que en materia de trabajo infantil se ajustará la actual legislación con la internacional, aumentando las multas y rebajando la jornada laboral permitida para los adolescentes –de 8 a 6 horas diarias-, de forma que puedan asistir a clases y terminar sus estudios.

Respecto a las personas privadas de libertad, se establece que aquellos que hayan cumplido condena por crimen o simple delito, o se encuentren cumpliéndola con el beneficio de libertad condicional o con alguna pena sustitutiva, tendrán derecho a un subsidio especial de contratación.

Además, actualmente la Ley del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) considera una serie de programas de capacitación con cargo al Fondo Nacional de Capacitación (FONCAP), como, por ejemplo, el Programa Aprendices, de Capacitación para Personas Cesantes, etc. El cual pondrá énfasis y priorizará la capacitación de los privados de libertad, a través de fondos públicos de capacitación para infractores de ley.

Por último, y tal como se había señalado en la presentación del Nuevo Sence, se amplía mediante la vía legal la ampliación de la edad para acceder a los programas de capacitación, dando la oportunidad para que los adultos mayores puedan especializarse y mejorar su empleabilidad.