SAN SALVADOR (AP) — La ex primera dama de El Salvador, Ana Ligia de Saca, esposa del ex presidente Elías Antonio «Tony» Saca González (2004-2009), ya había aceptado confesar su responsabilidad en los actos de corrupción que se le imputan al participar en el lavado unos 25 millones de dólares de fondos públicos, pero se retractó luego de que el Ministerio Pública exigiera el lunes que regrese al Estado 17,3 millones de dólares.

La señora de Saca había solicitado someterse a un proceso abreviado y admitir su responsabilidad ante un juzgado de San Salvador a cambio de una pena de tres años de prisión que serían reemplazados por trabajo de utilidad pública, pero sin regresar el dinero sustraído.

El jefe de la Unidad contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público, el fiscal German Arriaza, explicó que se realizó una negociación con los abogados de la ex primera dama “con un enfoque orientado básicamente en la devolución total de los bienes sustraídos”, acuerdo plasmado en un escrito, pero que todo cambió cuando los abogados defensores alegaron que el acuerdo no incluía la devolución de lo robado.

En este caso conocido como “Destape de la Corrupción Fase II”, también están siendo procesadas otras 14 personas, entre ellas, Óscar Edgardo Mixco, hermano de la ex primera dama, así como otros empresarios y publicistas

El caso está ligado a los actos de corrupción del expresidente Tony Saca, que gobernó el país de 2004 a 2009 y que cumple condena por haber desviado fondos públicos por más de 300 millones de dólares. Recordemos que el 12 de septiembre de 2018: «El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condena al señor Elías Antonio Saca a 5 años de prisión por el delito de peculado y 5 años por el delito de lavado de dinero», dijo el juez Alejandro Guevara.

El abogado defensor de la señora de Saca, Miguel Flores, reconoció que el arreglo con la Fiscalía se había caído y aseguró que contaba con los elementos para demostrar la inocencia de su clienta porque hasta el momento no se ha podido comprobar la alegada participación en la trama. Señaló que ninguno de los testigos “la vincula con actividades ilícitas, no hallaron ninguna actividad sospechosas, ningún reporte de transacciones sospechosas y por lo tanto consideramos que se puede lograr el sobreseimiento definitivo”. Agregó que todos los bienes de la ex primera dama están intervenidos o están controlados “y en esa condición no se le puede exigir efectivo”.

El exmandatario de 54 años ya cumple una condena de diez años en el penal La Esperanza, en la periferia de San Salvador, por el desvío de más de 300 millones de dólares de los fondos públicos para favorecer a sus empresas y terceros. En septiembre de 2018, el expresidente pidió un proceso abreviado y después de confesar sus delitos, un tribunal lo sentenció a diez años de prisión por peculado, lavado de dinero y activos al desviar más de 300 millones de dólares de los fondos públicos. También fue condenado a responder civilmente por 200 millones de dólares

Cinco de sus viejos colaboradores también se declararon culpables durante el juicio para obtener una condena menor.

Recientemente, en otro proceso penal, el expresidente Saca solicitó someterse a un proceso abreviado y admitir su responsabilidad por haber sobornado a una empleada judicial para que le filtrara información sobre un proceso civil en su contra.