Cuatro funcionarios policiales de la PDI fueron acusados por un colega de supuestos hechos delictivos y faltas a la probidad administrativa, vuelve a poner a la institución en los ojos del huracán luego que se conocieran detalles del denominado caso “Tiragate” en donde se ve involucrado su directos nacional, Héctor Espinosa, en irregularidades y mal uso de fondos públicos.
La nueva denuncia fue hecha por el inspector Patricio Alejandro Sánchez González, quien actualmente se desempeña en la Brigada Investigadora de Robos de Valparaíso, en contra del comisario Eduardo Gatica Duarte, actualmente en la Academia Superior de Estudios Policiales, y los subcomisarios Mauro Díaz Carrasco, Marco Vergara Suazo y Elifio Mosqueira Román, todos de dotación de la Brigada Antinarcóticos y Crimen Organizado de Arica.
Los delitos por los que el inspector Sánchez los acusa es por falsificación ideológica de parte policial, falso testimonio, obstrucción a la investigación, entrega vigilada de droga no autorizada, robo, extorsión, falta de registros de la policía, asociación ilícita, omisión de auxilio y otros.
Hay que señalar que el denunciante presentó el requerimiento en noviembre del año pasado ante el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, con copia a los ministerios del Interior y Justicia, como también al Instituto Nacional de Derechos Humanos, Contraloría General de la República, Corte de Apelaciones de Arica y Corte Suprema.
De acuerdo al documento, el tema comienza el 2 de febrero de 2016 cuando el inspector Sánchez presentó en forma verbal y por escrito ante la Contraloría Regional de Arica y la PDI ciertas irregularidades contra los policías antes mencionados por los delitos de “falsificación ideológica de parte policial, falso testimonio y obstrucción a la investigación. Luego en otras TRECE ocasiones, por los canales institucionales existentes “denuncia, declaración, cuenta escrita, informe, minuta y correo”, otros hechos que afectan gravemente la probidad administrativa, y otros, que involucra a los mismos oficiales señalados anteriormente, y que eventualmente podrían constituir los delitos que se indicaran a continuación”.
El escrito menciona que la primera denuncia fue comunicada al prefecto inspector (R) Jorge Reyes Miño, quien se comunicó con el subdirector operativo, prefecto inspector (R) Leonardo Acuña Vilches, quien ordenó que se iniciara una investigación interna para establecer responsabilidades en torno a las acusaciones formuladas.
La acusación formulada en el documento menciona que “los hechos que se le imputan a los denunciados, dice relación con iniciar investigaciones en la Fiscalía Local Arica, para luego reclutar a sus integrantes, a quienes posteriormente mantenían como informantes o colaboradores ocasionales, obligándolos a delatar a otros narcotraficantes, solicitándoles pagos de dinero y otros beneficios, a cambio de brindarles protección”.
Sin embargo, el inspector Sánchez menciona que luego de los hechos denunciados y medios de prueba presentados, solamente se ordenó la instrucción de un sumario administrativo el que determinó su suspensión de sus funciones policiales por más de 16 meses “bajo el paradójico argumento de “no entorpecer el éxito de la investigación”.
Explica que posteriormente a esta suspensión, fue el propio director de la institución, Héctor Espinosa, quien decidió absolverlo de todos los cargos que “maliciosamente me habían formulado y ordena el cese de la suspensión de funciones policiales que me afectaba”.
Sin embargo, expone que lo más llamativo es que las denuncias hechas “aún no han sido investigadas, menos aún, de manera objetiva, imparcial y transparente, por el contrario, se me han vulnerado los principios más básicos del debido proceso, los cuales fueron afectaron derechos esenciales, consagrados en el artículo 19 N° 3, de la Constitución Política y las leyes, dejándome en absoluta indefensión, siendo pertinente señalar que he sido objeto de diversas represalias, y una desmedida persecución, a nivel institucional”.
Revisa la denuncia:
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El policía también señala en su escrito que la denuncia no fue hecha directamente a la fiscalía local de Arica ni ante la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota, “toda vez que los hechos fueron investigados por ellos, obteniendo resultados contrarios a los hechos denunciados en el presente líbelo, y que contrarían totalmente con la veracidad de los hechos”.
