Luego de semanas discutiendo y cuestionando el “negociado” de las empresas eléctricas por la obligatoriedad de instalación de nuevos medidores inteligentes, el Gobierno en un hecho digno de una “voltereta olímpica” decidió este miércoles echar pie atrás y dejar que la colocación de los dispositivos sea de forma voluntaria.

Así lo dio a conocer la ministra de Energía, Susana Jiménez, junto al ministro secretario general de la Presidencia, Gonzalo Blumel, y parlamentarios y jefes de bancada de Chile Vamos, durante una visita al Congreso, ocasión en que dio a conocer las medidas administrativas y legales.

Su alocución partió explicando la herencia que recibió el Gobierno de Sebastián Piñera sobre el recambio de los medidores de parte de la administración de Michelle Bachelet, debido a que la Ley 21.076 como el Decreto que establece el cambio obligatorio de los medidores fueron hechos durante ese periodo.

La titular de Energía explicó que luego de los cuestionamientos y polémicas, el Ejecutivo recogió los planteamientos hechos por la ciudadanía y parlamentarios de Chile Vamos.

En ese sentido, dijo que el Gobierno decidió modificar la norma técnica de distribución que regula el reemplazo de los medidores, estableciendo el cambio voluntario de los dispositivos inteligentes por parte de los usuarios y extendiendo el plazo de recambio de siete a nueve años.

Además, otro punto importante es que la responsabilidad del cambio se mantendrá en las empresas, sin perjuicio de que la aceptación por parte de los clientes será voluntaria.

Al respecto, el recambio se iniciará con los medidores que son propiedad de la empresa, lo cual permitirá a los hogares descontar de inmediato ese cobro.

Adicionalmente, las compañías deberán priorizar los hogares que tengan sistema de generación-distribuida, nuevos proyectos inmobiliarios, así como aquellos que soliciten el recambio de forma voluntaria o tengan los equipos con fallas.

La ministra Jiménez explicó que con esto se busca compatibilizar la voluntariedad de las empresas distribuidoras de forma de asimilarlas a otros sectores regulados, en los cuales se calcula la tasa de rentabilidad adecuada para el sector y se establece un piso de un 6%.

“Todos estos cambios se proponen con el objetivo de mejorar la calidad del servicio, reducir los costos de la energía para los chilenos y cuidar nuestro medio ambiente”, explicó la secretaria de Estado.