La ONU criticó este lunes las nuevas leyes de Brunéi que instauran la pena de muerte en caso de homosexualidad o adulterio invocando la ley islámica, y pidió que no sean aplicadas por suponer «un serio retroceso de los derechos humanos”.

«Hago un llamado al Gobierno para que ponga fin a la entrada en vigor de este nuevo código penal draconiano que, en caso de ser aplicado, supondría un serio retroceso de los derechos humanos en Brunéi«, declaró la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, en un comunicado.

Brunéi, un pequeño y rico Estado petrolero del sudeste de Asia, implementará el nuevo código penal a partir del próximo miércoles, que también ordena la amputación de una mano o un pie por robo, o la pena de muerte por lapidación.

El llamado de la ONU se produce después de que el actor estadounidense George Clooney llamara a boicotear nueve hoteles de lujo vinculados con el sultán de Brunéi.

Su llamado fue respaldado por personalidades políticas o artísticas de diversas tendencias, incluso entre las más conservadoras.

Pena de muerte por violación, adulterio, relaciones sexuales extraconyugales y difamación de Mahoma.

Según la ONU, la nueva legislación de Brunéi prevé la pena de muerte para múltiples delitos como la violación, el adulterio, las relaciones sexuales extraconyugales para musulmanes, así como el insulto o la difamación del profeta Mahoma.

Asimismo, introduce la flagelación pública como castigo al aborto y criminaliza exponer a los niños musulmanes a las creencias de cualquier otra religión que no sea el islam.

Monarquía dirigida con mano de hierro

La pena de muerte está ya inscrita en la legislación de Brunéi, pero la última ejecución remonta a 1957, según la ONU.

«Exhorto a Brunéi a mantener su moratoria de facto sobre la aplicación de la pena capital«, insistió Bachelet.

Esta pequeña monarquía de 430.000 habitantes está dirigida con mano de hierro desde 1967 por el sultán Hasanal Bolkiah.

El sultanato anunció la introducción progresiva de la sharia por primera vez en 2013, pero la aplicación se retrasó para que los funcionarios resolvieran los detalles y por la oposición de organizaciones de derechos humanos.