La Ley de Pago a 30 días, aplaudida por las pymes en el momento de su promulgación en enero de este año, y que entra en vigencia en mayo, con un alcance que abarca a todas las empresas sin distinción, podría acarrear complejas dificultades financieras para las grandes empresas, principales clientes de las pymes.
La observación, que no había sido destacada, la realiza NETPAG, empresa especializada en la recuperación de activos, o, dicho de otro modo, en la cobranza de empresas a empresas.
Paul De Laire, Gerente General de NETPAG, explica que al momento de entrar en vigencia el cuerpo legal, “las empresas, sean grandes, medianas o pequeñas, siendo deudoras, se verán en la necesidad de captar capital de trabajo y liquidez para pagar en 60 días, y posteriormente, en 30. Actualmente, mi visión es que no están preparadas en sus procesos para este cambio en el periodo de pago, lo que podría repercutir en mayores costos financieros, tales como intereses corrientes y cargos por retraso, en caso de morosidad”.
Es precisamente respecto a la alternativa de recurrir a créditos, donde De Laire sostiene que “las empresas, para poder pagar, primero a 60 días, y después de 24 meses, a 30 días, puede que se vean obligadas a endeudarse a través de créditos, o armar un mix de diversas fuentes de financiamiento externo (líneas de crédito, factoring, créditos comerciales, confirming, lease back, créditos hipotecarios, etc.) lo que es más costoso, en comparación con ser más efectivos en la recuperación de las cuentas por cobrar, es decir, agilizar la cobranza, lo que es más económico”.
En detalle, ante la disyuntiva de endeudamiento, o la recuperación de sus cuentas por cobrar, el Gerente General de NETPAG plantea que la segunda alternativa es menos costosa y más rentable, “ya que además del ahorro en costo financiero, genera varios beneficios, como mayor capacidad de rotación, permite mayores ventas, y al ordenar las cuentas por cobrar, las empresas pueden liberar capacidad de crédito a sus clientes, para que puedan comprar más de sus productos. Un crédito comercial de un plazo de al menos 90 días está en torno al 0,4% – 0,5% mensual, mientras que el uso de línea de crédito entre la 0,8% a 1% mensual más gastos de impuestos, y el costo del servicio de cobranza oscila entre un 0,01% a un 0,4% de las ventas”.
Sector Público, el pagador con mayor rezago
La Ley de Pago a 30 días, si bien favorece a la pyme, y al mismo tiempo obliga a las grandes empresas a resguardar con mayor efectividad su salud financiera, sigue sin entregar soluciones concretas a las empresas que tienen como principal cliente al sector público.
“Mientras la ley pone el foco en los pagos del sector privado, las pymes que reciben pagos del sector público seguirán teniendo problemas de retraso, al menos por los próximos dos años, en concreto, desde Cenabast y las municipalidades. Si los pagos se retrasan por 90 días, o más, entre privados, el Estado muchas veces paga con rezagos que superan los 180 días, o incluso más”, indica Paul De Laire.
