La acusación presentada por la Fiscalía contra el exmandatario y otras cinco personas por su supuesta participación en una trama que benefició al sector portuario a cambio de sobornos. La denuncia fue interpuesta por la fiscal general, Raquel Dodqe, el pasado mes de diciembre, cuando Temer todavía estaba en ejercicio del poder y contaba con el fuero privilegiado que la ley brasileña otorga a los presidentes.

No obstante, tras dejar el cargo el pasado 1 de enero, todas las investigaciones contra el exmandatario fueron enviadas desde la Corte Suprema a la Justicia de primera instancia, en la que han comenzado a tramitar con celeridad.

Según la Fiscalía considera que hay indicios que apuntan a que Temer sancionó un decreto que alteró la ley de puertos y benefició a algunas empresas del sector portuario a cambio de sobornos. Una de las principales empresas beneficiadas por la firma de dicho decreto fue Rodrimar, que opera en el puerto de Santos, Sao Paulo, un reducto que históricamente fue de influencia política de Temer.

Además de Temer, también serán enjuiciados el coronel retirado de la Policía y amigo del expresidente Joao Baptista Lima, el exasesor Rodrigo Rocha Loures y tres ejecutivos del grupo Rodrimar.

El político estuvo preso en forma preventiva durante cuatro días el pasado mes de marzo por sospechas de corrupción y acusado de ser el principal líder de una organización criminal que desvió cerca de 500 millones de dólares de recursos públicos durante 40 años, algo que él niega acusando la creación de un espectáculo en torno a él.