El senador del PPD, Felipe Harboe, criticó duramente la decisión del Gobierno de cuestionar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), comprando la doctrina asumida por el Ejecutivo con las posturas de los dictadores de Hungría y Egipto, Viktor Orbán y Abdelfatah Al-Sisi, respectivamente.
Ayer martes, la Cancillería envió una declaración a la CIDH, firmada por Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay, en la que cuestionan el actuar de la corte, pidiendo respetar el “margen de autonomía” de los países y que las formas de “reparación guarden una debida proporcionalidad y respeten los ordenamientos constitucionales y jurídicos de esos Estados”.
En ese sentido, Harboe señaló que “estamos en presencia del hecho más grave en materia de relaciones exteriores desde el retorno de la democracia”.
“El hecho que la doctrina Piñera-Ampuero haya relativizado el valor de la CIDH lo pone exactamente a la misma altura que el dictador Orbán de Hungría o Al-Sisi de Egipto que plantean que los derechos humanos deben ser flexibles de acuerdo a las realidades locales”, expresó.
Añadió que en algo que nuestro país debiese estar orgulloso era el respecto a los temas de derechos humanos, pero que con “la doctrina Piñera-Ampuero hoy día se le está diciendo a los ciudadanos venezolanos que la CIDH puede relativizar sus reclamos y que es más, tiene que relacionarse exclusivamente con el dictador (Nicolás) Maduro y no atender los reclamos de los ciudadanos venezolanos”.
Explicó que el derecho internacional lo que busca es limitar a los Estados en materias de derechos humanos, porque los que lo “violan son los Estados”.
Al reclamo de Harboe, el PPD como colectividad junto a la Secretaría Nacional de Derechos Humanos se sumó a los reclamos, indicando que “la Corte Suprema actualmente está estudiando el caso “Norin Catriman y otros” en el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sentenciado la nulidad de la condena impuesta, en el año 2014. La sentencia es inapelable, por lo cual el Estado chileno debe adoptar las medidas correspondientes para reparar el daño provocado”.
Además, indican que la declaración de la Cancillería chilena demuestra un “retroceso en materia de Derechos Humanos, toda vez que el sistema interamericano ha estado y está presente para evitar los excesos y abusos de los ordenamientos jurídicos internos en desmedro de las garantías fundamentales y derechos humanos de los habitantes de cada uno de los países suscritos”.
Asimismo, exponen que “es deber de los Estados miembros la promoción, respeto y garantía de los derechos humanos. Cuando esta finalidad falla y se han agotado los recursos procesales internos, existe la instancia superior en el marco del sistema interamericano de Derechos Humanos. La existencia de una instancia superior está para evitar las violaciones a los derechos humanos en concordancia a la incapacidad en tiempos pasados de los Estados de asumir eficiente y eficazmente la protección”.
Finalmente, esperan que el Gobierno “actúe conforme a una política de Estado en democracia en materia de Derechos Humanos de reconocer el Sistema Interamericano de DDHH y retroceda de su actuar porque cuestionar su autonomía significa restringir las garantías de los ciudadanos”.
