Luego de descubrirse una serie de irregularidades y corrupción en la Corte de Apelaciones de Rancagua, en donde ya existen tres jueces suspendidos de sus funciones, ahora el fiscal Sergio Moya, hizo gravísimas denuncias que hacen remecer al Estado. Las denuncias la realizó este viernes en entrevista exclusiva con Radio Bio Bio.

Tales acusaciones las hace el persecutor un día después que el fiscal nacional, Jorge Abott, decidiera trasladar a la Fiscalía Regional Metropolitana Sur la causa, quitándosela a la fiscalía regional de Rancagua.

Esto producto de una denuncia hecha por el propio Moya, quien además solicitó la formalización de uno de los magistrados que está siendo investigado y que inició una acción contra su superior, el fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias.

En entrevista a radio Biobío, Moya explica que la decisión fue tomada porque “en el curso de la semana recién pasada, yo he pesquisado hechos que denuncié (…) y que dicen relación con la conducta funcionaria del fiscal Emiliano Arias”.

“Hice una denuncia formal que puede tener ribetes penales y administrativos. En ese sentido es posible, no me consta, que la decisión de trasladar la causa a otra fiscalía regional se motiva por la denuncia que yo formulé”, aseguró.

El persecutor explicó que la denuncia que presentó no puede entregar muchos detalles porque es parte de una investigación, pero “solamente puedo hacer presente, por ejemplo, que la presente causa que se dirige contra los ministros de l corte, yo cumpliendo con la reglamentación interna, solicité en reiteradas ocasiones el pronunciamiento de mi superior jerárquico, Emiliano Arias, para poder pedir la formalización de Emilio Elgueta, esa decisión se fue postergando por algunas semanas, no se me decía ni que sí ni que no, y yo tomé la decisión derechamente de pedir la formalización sin pedir el consentimiento de mi superior jerárquico”.

En cuanto a si pensaba si se trataba de impedir que solicitara la formalización, Moya lo descartó, pero dijo que se trató de “una lentitud de reacción que me llamó mucho la atención y ante aquello preferí obrar, con el riesgo evidente de una eventual sanción por no respetar los canales formales”.

El fiscal también anunció que Elgueta será formalizado el próximo 26 de este mes, asegurando que está convencido que suspendido ministro efectivamente cometió los delitos por los cuales será llevado al banquillo de los acusados.

La denuncia que hizo se refiere a un eventual tráfico de influencias en el caso Caval, obstrucción a la justicia en la investigación contra Elgueta, ocultamiento en la causa del Teatro Regional de Rancagua y violación de secreto por sustracción de información de la base de datos de la Fiscalía de O’Higgins que llegó a manos de un particular en Puerto Montt.

“La tramitación de la causa Caval fue sumamente compleja (…) hay un evento que también es público y que debe ser analizado a la luz del tiempo que ha pasado que dice relación con la única intervención que hizo el fiscal Arias en la causa Caval fue el intento de realizarle un procedimiento abreviado a Herman Chadwick Larraín y lo que se me planteó en ese momento es que había que terminar la vista porque la presencia de ese personaje en la causa y un eventual juicio oral podría traer aparejado consecuencias a la imagen del nuevo gobierno”, explicó.

Indicó que las penas que solicitó el fiscal regional en ese momento para el juicio abreviado eran penas que estaban fuera del margen legal, debido a que eran mucho más bajas. Junto a esto también se puede dar el caso que haya obstrucción a la investigación.

Otra denuncia hecha por el fiscal Moya es que “se me invitó a una reunión en la que estaba el abogado del alcalde (de Rancagua Eduardo Soto, pidió su formalizado) Luis Hermosilla -actualmente abogado del Ministerio del Interior- y se me da la instrucción por parte del fiscal regional de que tenía que estar atento a los requerimientos de ese abogado, el abogado del imputado”.

Además, otra denuncia que hace Moya es un caso irregular ocurrido en Puerto Montt en donde Carabineros de esa ciudad pesquisó que se extrajeron documentos de la fiscalía de Rancagua y que pasaron a manos de un particular, cuya orden “fue del fiscal Emiliano Arias”.

Pero Moya fue más lejos y ahondó en sus denuncias asegurando que: «Recientemente pedí la formalización del alcalde, recibí una serie de instrucciones; por ejemplo, se me convocó a una reunión donde estaba el abogado del alcalde, Luis Hermosilla, y se me da la instrucción por parte del Fiscal Regional, que debía estar atento a los requerimientos de ese abogado, que es abogado del imputado».

Continúa aseverando que: «Me llamó mucho la atención. Y después de esa reunión, que consideré impropia, procedí a solicitar autorizaciones judiciales para incautar los computadores, teléfonos y todos los elementos electrónicos del alcalde. Y cuando eso ocurre se me dio una instrucción directa del Fiscal Regional de hacer devolución de esas especies, orden que representé y no cumplí porque era evidencia incautada en un delito de malversación de caudales públicos, que son cerca de $ 3.500 millones, y de la revisión de aquellos antecedentes surgieron elementos muy delicados que también puse en conocimiento de la Fiscalía Nacional».