El vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, calificó como “grave” el eventual caso de corrupción en la Corte de Apelaciones de Rancagua, caso en el que hasta el momento existen tres ministros suspendidos de sus funciones.

Los ministros que están suspendidos e investigados por eventual tráfico de influencias son Marcelo Vásquez, Marcelo Albornoz y Emilio Elgueta.

Cisternas en conversación con radio Cooperativa dijo que la ministra Rosa María Maggi informó de la posibilidad de que existan más personas y otros hechos irregulares, por lo que la investigación se amplió.

En ese sentido, precisó que el “pleno fue informado de un par de denuncias a fines de noviembre o comienzos de diciembre del año pasado y de inmediato se dispuso una investigación, se nombró a la ministra Maggi en una visita extraordinaria y a raíz de esta investigación se produjo una suspensión de un ministro, luego ayer -jueves- las otras dos suspensiones”.

Al respecto, aseguró que “si se establecen efectivamente los hechos que se han denunciado y que son así denunciados, irregulares, es muy grave”.

Además, dijo que si existieran otras personas involucradas estarían suspendidas, mientras que los ministros que no están en funciones serán reemplazados por los suplentes respectivos.

En cuanto a la posibilidad de una reorganización de la Corte de Rancagua, Cisternas aseguró que en el Código Orgánico no contempla la figura de la reorganización, pero que “no cabe duda que el ministro visitador de la Corte Suprema que está a cargo de la jurisdicción, terminada esta investigación, se va a constituir y va a sugerir todas las medidas posibles dentro del ámbito del Código Orgánico para fortalecer a la Corte de Rancagua”.

Respecto al ministro Elgueta, quien fue amonestado en 2010 por la Suprema por faltas a la ética y en 2014 fue denunciado por acoso y hostigamiento, el vocero del máximo tribunal del país señaló que el magistrado no fue suspendido ni expulsado con anterioridad.

“Si la persona por esta falta o por esta infracción fue sancionada, debería sacar de ahí la lección y mejorar su comportamiento. Cuando eso no ocurre, pasamos al paso siguiente y, como en las cosas penales, ya tenemos un agravante y va a llegar un momento en que vamos a subir la pena y la pena va a ser la expulsión«, aseveró.

Sin embargo, fue tajante en mencionar que “mientras no tengamos pruebas categóricas y contundentes, no podemos remover a una persona”.