Los expertos en derechos humanos consideran que el anuncio de miembros del Gobierno de Estados Unidos de imponer sanciones económicas, retirar visas e incluso juzgar a los jueces y fiscales del tribunal de La Haya que investiguen presuntos crímenes de guerra cometidos por soldados estadounidenses en Afganistán constituye una injerencia indebida en la independencia de la Corte.
Dos relatores de la ONU aseguran que no se debe permitir que las advertencias del Secretario de Estado y el Asesor de Seguridad Nacional contra la Corte Penal Internacional obstaculicen la capacidad de este tribunal para cumplir su mandato.
«Estamos particularmente preocupados a la luz de los informes recientes de altos funcionarios de Corte que renuncian a sus cargos como consecuencia de estas amenazas«, dijeron.
En un discurso el 10 de septiembre de 2018, John Bolton advirtió que los jueces, los fiscales y el personal de la Corte, con sede en La Haya, se enfrentarían a una serie de medidas si continuaban investigando los presuntos crímenes de guerra cometidos por los Estados Unidos, Israel u otros aliados de los Estados Unidos.
Declaró que esas acciones incluirían «todos los medios necesarios», como la prohibición de que los jueces y fiscales de la Corte ingresen a los Estados Unidos; congelar sus activos financieros en ese país e incluso llegar a procesarlos penalmente. Añadió que se tomarían las mismas medidas contra las empresas o los Estados que colaboren en cualquier investigación de este tribunal sobre ciudadanos estadounidenses.
En marzo de 2019, el Secretario de Estado, Mike Pompeo, aseguró que Estados Unidos revocará o denegará visados a los miembros de la Corte que participen en investigaciones contra las tropas de Estados Unidos en Afganistán o cualquier otra parte del mundo y amenazó con sanciones económicas.
«Estas amenazas constituyen una injerencia indebida en la independencia de la CPI y podrían obstaculizar la capacidad de los jueces, fiscales y personal de la Corte para llevar a cabo sus tareas profesionales», dijeron los expertos de la ONU.
Para que el acceso a la justicia sea efectivo e igualitario y para que pueda haber juicios justos, el sistema judicial y los jueces deben ser “independientes y libres de cualquier interferencia impropia”, añaden. La intimidación puede desanimar a “los defensores de los derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, representante de víctimas y otros que colaboran con la Corte”.
Estados Unidos no es parte de la CPI
Estados Unidos no ratificó el Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional en 2002. El tribunal, cuya misión es llevar ante la justicia a los autores de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio, tiene 123 Estados firmantes.
El 20 de noviembre de 2017, la Fiscal de este tribunal, Fatou Bensouda, solicitó autorización para iniciar una investigaciónsobre presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en relación con el conflicto armado en Afganistán. Algunos de los presuntos responsables de esos crímenes son soldados estadounidenses. Además, la fiscal quiere investigar las actividades de la CIA en Afganistán, Polonia, Rumanía y Lituania; en los tres últimos países se habrían instalado cárceles secretas.
Estados Unidos no es parte del tribunal y por tanto está fuera de su jurisdicción. Sin embargo, en este caso, como Afganistán es un Estado parte, “la corte puede ejercer su jurisdicción sobre todo los supuestos crímenes cometidos en territorio afgano desde mayo de 2003, con independencia de la nacionalidad del acusado”, según se lee en la petición de autorización de la fiscal. Polonia, Rumanía y Lituania también son Estados firmantes.
Filipinas abandona de la Corte Penal Internacional
Filipinas, por su parte, abandonó esta semana la Corte Penal Internacional, un año después de que el presidente Rodrigo Duterte anunciara la decisión.
La decisión se produce después de que la fiscalía del tribunal empezara a analizar de forma preliminar los supuestos delitos cometidos “en el marco de la guerra contra las drogas” desde julio de 2016, uno de los asuntos que el presidente filipino considera como una prioridad. Duterte estima que la investigación viola la soberanía nacional de su país.
El presidente de la asamblea de los Estados parte de la corte, O-Gon Kwon, dijo que “lamenta” la retirada, pero espera que sea “solo temporal”.
