Este sábado el aparato comunicacional de la Iglesia Católica ha funcionado como los viejos teletipos y ha emitido varios comunicados explicando la comparecencia de varios obispos a la Fiscalía de Rancagua donde tuvieron que explicar si conocían o no denuncias de abusos sexuales cometidos por curas bajo su jurisdicción obispal, es decir de su diócesis.
Dentro de este marasmo que vive la Iglesia, se suma una nueva denuncia y que afecta al un sacerdote y monje del Monasterio Lo Trapenses de Rancagua, Pedro Barrientos que habría abusado de postulantes a monjes en el año 2000.
Así, el Obispado de Arica informó que: «En cumplimiento de este compromiso, el día 14 del mes en curso, el Obispo Moisés Atisha concurrió a la Fiscalía Regional de O’Higgins, acompañado de sus abogados, para prestar declaración en la investigación desformalizada que se lleva a cabo, al habérsele citado como imputado, por un presunto incumplimiento de sus deberes ministeriales, que habría permitido el encubrimiento de delitos cometidos por 3 sacerdotes«.
Situación similar debió explicar el Obispado de Melipilla: «Con fecha 14 de marzo de 2019 el receptor oficial de denuncias del Obispado de Melipilla ha recibido la denuncia formal por presunto abuso y acoso de connotación sexual contra menores, realizados por el presbítero José Ramón Celestino Gutiérrez Bustos. Al presbítero José Ramón Celestino Gutiérrez Bustos, se le impuso como medida cautelar la prohibición del ejercicio público del ministerio sacerdotal«.
En tanto la mitra de Osorno se refirió también a los casos de curas abusadores de su diócesis: «Con fecha 10 de enero de 2019, el Papa Francisco ha concedido la dispensa del celibato y la pérdida del estado clerical, al presbítero Luis Ricardo Montenegro Fuentes, cuya investigación previa por abuso de menor fue remitida a Roma en agosto de 2018. La dispensa ha sido concedida a petición del presbítero, por el bien de la Iglesia, y luego de que la Congregación para la Doctrina de la Fe hiciera al Santo Padre una relación del caso. Esto significa que el presbítero queda excluido definitivamente del ejercicio del ministerio sacerdotal. Con fecha 18 de febrero de 2019, la Congregación para la Doctrina de la Fe ha pedido al administrador apostólico de la Diócesis, suspender la investigación canónica en curso contra el presbítero Héctor Bravo Merino, abierta en junio de 2018.
Pero Osorno tuvo que explicar otros dos casos: «Con fecha 14 de marzo de 2019, se ha concluido la fase diocesana de la investigación previa contra el presbítero Jaime San Martín Solís, iniciada en julio de 2018 y ampliada en enero de este año. Los hechos denunciados de actos impropios contra el sexto mandamiento, incluido un abuso de menor de edad, han sido acreditados como verosímiles. El expediente de la investigación ha sido enviado a la Congregación para la Doctrina de la Fe, que determina los pasos a seguir. Se mantiene la suspensión del ejercicio del ministerio sacerdotal. Finalmente, sigue en curso el proceso administrativo penal contra el presbítero Osvaldo Salgado Coe, iniciado a fines de octubre de 2018 y a cargo del canonista Claudio Soto. Se espera que dicho proceso pueda cerrarse en el plazo de un mes, luego de lo cual debe imponerse, si es el caso, una sanción penal», señala la nota oficial.
