Un grupo de personas de distintos movimientos sociales llamarón este lunes a la “desobediencia civil” de las personas para evitar la instalación y posterior cobro de los medidores inteligentes, debido a que consideran una “colusión contra el bolsillo de los usuarios”.

Así lo dio a conocer hoy el presidente de “Aquí la Gente”, Ernesto Medina, quien señalo que este es el primer paso de las movilizaciones contra lo que consideran abuso de parte de las empresas, especialmente de las eléctricas como Enel.

“Hemos sido sorprendidos con este medidor inteligente que lamentablemente ha sido apoyado por el Gobierno, por parlamentarios, así es que hay una colusión contra los bolsillos de los usuarios que no confiamos en esta distribuidora”, sostuvo.

Medina explicó que no hay confianza en la empresa eléctrica, porque ha dado muestras de mal manejo del sistema por los constantes cortes del suministro por distintos motivos.

Insistió en su llamado a “desobedecer y decir que nosotros, los usuarios, no vamos a abrir las puertas a estos nuevos medidores inteligentes como medida de presión, por no es posible que nosotros paguemos también la instalación de este medidor”.

En ese sentido, explicó que la idea es que junto a los alcaldes para que en forma conjunta con los movimientos sociales se proteja a los vecinos, porque “son ellos los que tienen que proteger a los vecinos”.

Por su parte, el secretario general de “Aquí la Gente”, Francisco Becerra, exigió la renuncia inmediata de la ministra de Energía, Susana Jiménez, “por el amedrentamiento y campaña del terror luego de decir sí o sí estos medidores se van a cobrar igual”.

Además, anunció que solicitarán al Presidente Sebastián Piñera que instale un proyecto de acuerdo para tramitar la ley de revocación del mandato de los parlamentarios.

Asimismo, el presidente nacional de los concejales del país, Marcelo Sandoval, aseguró que están en contra de los nuevos medidores porque “están solamente dando un zarpazo a los bolsillos de miles de chilenos”.

El concejal apuntó también a que estos nuevos medidores provocará una grave cesantía, debido a que no necesitan de las personas que toman el registro como actualmente se hace.

“Llamo también a los parlamentarios a subsanar el error de no haber leído y haber aprobado esta ley que en el fondo va en desmedro de todos los usuarios y del país en términos del cobro. También llamo a los alcaldes y concejales del país a sumarse a la defensa de los intereses de sus habitantes”, precisó.

A su vez, el abogado del movimiento, Roberto Ávila, sostuvo que se está estudiando la posibilidad de presentar una demanda colectiva para así “judicializar” el tema como también responsabilizar a los parlamentarios y a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

“Vamos a recurrir a los tribunales de justicia y a la Contraloría General de la República y estamos considerando recurrir al Tribunal Electoral Regional”, explicando que estas acciones responden a distinta naturaleza.