Los presidentes del PPD, PS y PR, agrupados en lo que se denomina Convergencia Progresista, criticaron este jueves el “populismo legislativo” del Gobierno, por lo que solicitaron del Ejecutivo elaborar políticas públicas “serias”, especialmente en el tema de la seguridad ciudadana.

En ese sentido, los timoneles Heraldo Muñoz, Álvaro Elizalde y Carlos Maldonado, fueron enfáticos en señalar que “rechazamos el populismo legislativo del gobierno. No siempre lo que puede ser aparentemente popular para la opinión pública debe ser fundamento para la ejecución de una determinada política pública. No se puede gobernar con sondeos de opinión en vez de la responsabilidad, mesura y sensatez que se espera de la autoridad”.

Al respecto apuntaron a que al Presidente Sebastián Piñera “parece no importarle las políticas públicas responsables y fundadas en acuerdos. Primero fue Aula Segura, luego Admisión Justa, y hoy el proyecto de ley de Control Preventivo de Identidad, propuesta que no emanó de la Comisión de Seguridad Pública convocada por el propio Gobierno; y ni siquiera consensuada con sus dirigentes y parlamentarios de Chile Vamos, para rebajar la edad del control de identidad, todo esto sobre la base de encuestas de opinión y no sobre sustentos técnicos”.

Los tres partidos quedaron de acuerdo en que entrarán en el juego del Gobierno, ya que a su juicio el foco del problema no puede estar solo en el control, sino que en los diversos aspectos del delito.

“Por eso, proponemos consensuar una política integral de seguridad ciudadana, basada en datos y evidencias. Ese es el rol que nos corresponde como dirigentes políticos responsables para abordar aquellas materias fundamentales para el futuro del país”, aseguraron.

Sobre el tema, los partidos opositores propusieron un trabajo integral, el cual debe tomar en cuenta a los municipios, con una policía que esté en el territorio y en contacto con las comunidades locales y vecinos, a lo que hay que sumarle los planes preventivos que consideren niños y jóvenes que no estudian ni trabajan, con el objetivo que no caigan en la droga y en manos de bandas criminales.

Además, plantearon la creación de un Servicio Nacional de Víctimas que integre a los distintos organismos públicos que abordan esta materia y visibilice una acción de apoyo concreto a quienes sufren los delitos más violentos en el país.

Finalmente, la Convergencia Progresista señaló que están disponibles para conversar con el Gobierno, dejando en claro que no lo harán a través de la “imposición, el apuro legislativo o, en el peor de los escenarios, mediante decretos y actos administrativos, como ya han deslizado en más de una oportunidad algunos ministros de Estado”.