La alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, entregó este miércoles su informe sobre la situación de Venezuela, reconociendo en el documento la presencia de “colectivos armados” que han reprimido a opositores al gobierno de Nicolás Maduro usando “torturas y muertes”.
Ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la exmandataria chilena aseguró que en Venezuela hay presencia de “colectivos armados” y que dentro del marco de su represión a opositores al régimen chavista han hecho un “uso excesivo de fuerza, detenciones arbitrarias, torturas y muertes”.
En su alocución, la alta comisionada de DD.HH. también afirmó que en Venezuela actualmente existe una “limitada libertad de expresión, llegando a la censura, que tiene efectos en la entrega de información”.
En ese sentido, expresó que “estoy profundamente preocupada por la reducción del espacio democrático, especialmente la criminalización continua de la protesta pacífica y la disidencia en Venezuela”.
Y agregó que “en el contexto de la última oleada de protestas en los primeros dos meses de este año, mi oficina documentó numerosas violaciones de derechos humanos y abusos cometidos por fuerzas de seguridad y grupos armados progubernamentales”.
Además, llamó a “no tomar represalias contra ninguna persona que se haya entrevistado o haya tratado de entrevistarse con ellos”, en referencia a la misión especial que visitó ese país para preparar su eventual llegada a Venezuela en un futuro próximo.
La alta comisionada también reflexionó sobre la “polarización que está agravando una situación ya de por si crítica” en el país, añadiendo que es necesario alcanzar un “acuerdo de solución política”.
“Un equipo técnico de mi oficina se encuentra actualmente en el país y considero que ésta es una primera medida positiva. Es esencial que el equipo tenga acceso total y sin restricciones”, precisó.
Bachelet también mencionó estar preocupada por “el aumento de las restricciones a la liberta de expresión y prensa en Venezuela (…) Autoridades han utilizado arbitrariamente la ley contra el odio para procesar a periodistas, opositores y cualquiera que exprese opiniones disidentes”.
