La del fin de semana fue una derrota para la oposición venezolana alineada/alienada por el diseño estratégico del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Aunque según el plan original el momento del desenlace debía ocurrir el 12 de febrero, este fue prorrogado al 23 de febrero. Razones del cambio fueron la necesidad de aprovechar al máximo las ventajosas oportunidades que abrió a los disidentes el apoyo internacional, la presión militar desembozada del Comando Sur de Estados Unidos en aguas del Caribe, asegurar el acopio de las donaciones en Cúcuta, Curazao y Roraima, y, especialmente, efectos internos de los embargos de bienes y activos de Venezuela en el exterior. Este aplazamiento también dio tiempo a Nicolás Maduro para fortalecer su propia modalidad de respuesta al asedio.
¡Las horas de Maduro están contadas! Advertían las voces de Washington, al tiempo que amenazaban con ingresar los envíos a toda costa a Venezuela, incluso acompañados por convoyes militares de Estados Unidos y Colombia si la protección de los marchantes así lo exigía. Los asesores del presidente Trump llamaban a las fuerzas armadas a insubordinarse apremiándolas con el ultimátum de que lo perderían todo si no se levantaban contra el gobierno establecido. Las administraciones de Estados Unidos, Costa Rica y Ecuador toleraban los violentos e indignos asaltos de los designados de Guaidó a las legaciones diplomáticas venezolanas, que gozan de inmunidad territorial.
Pocas veces, como en febrero en el Caribe, ha sido tan cruda y tan visible la vulneración del Sistema de Naciones Unidas, desde el derecho internacional hasta los órganos y protocolos administrativos. Y quizá nunca tan desembozado y banal el comportamiento de los halcones de la Casa Blanca, urgidos a garantizar el éxito de una operación que, conforme pasaba el tiempo, demostraba cuán equivocados habían sido sus consejos a Trump.
Porque, si no es sensato cortar la rama sobre la que estás sentado, es torpe hacerlo cuando comprometes a terceros, que fue lo que hizo el inquilino de la Casa Blanca al interrumpir los suministros de petróleo venezolano en los momentos que los norteamericanos más necesitaban del hidrocarburo. Venezuela no tardó en asegurar nuevos mercados, uno de ellos la India que, por hacerlo, se hizo blanco de reconvenciones. Sin duda hubo un mal cálculo respecto del tiempo que resistiría Maduro, como hubo una errónea información de inteligencia acerca del comportamiento que tendrían las instituciones militares. Es un hecho que, pese a las reiteradas conminaciones, no hubo jamás señales de que las fuerzas armadas fueran a cambiar de bando.
Por cierto, no hay precedentes de la unidad que logró la oposición en esta coyuntura. Con 70 millones de dólares invertidos en su realización, consiguió el monumental espectáculo de Cúcuta, un movimiento de masas eminentemente lúdico y de fuerte irradiación mediática, que, sin embargo, no fue el menguado que se apostó al día siguiente en los pasos fronterizos, constituido por piquetes de agitadores y provocadores. Al lado suyo, a unos trescientos metros, el de Tienditas, fue sin duda un acto testimonial.
Por otra parte, la conducción de Guaidó logró imponerse a cualquier fricción interna, manteniendo durante la operación una coordinación uniforme entre los distintos grupos que concurren a la Mesa de la Unidad Democrática. Esto podría jugar como un importante activo político a la hora de sentar a la oposición en futuras mesas de negociación, pero, tras el fracaso del 23F y la consiguiente y radical opción de Guaidó a favor de todas las formas de lucha para derribar a Maduro, podría precipitar la descomposición del movimiento y estimular la emergencia de una tercera fuerza moderada.
Guaidó aseguró que los envíos ingresarían a Venezuela, pero nunca lo hicieron. Esperó hasta el crepúsculo el alzamiento militar, que tampoco ocurrió. Prometió movilizar a un millón de venezolanos para abrir lo que impropiamente denominó un «corredor humanitario», condición sugerida por su poder judicial en el exterior para invocar el principio de la responsabilidad de proteger, suponiendo que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas daría el visto bueno. Pero no hubo tal, y en su reverso, solo se vio tensión, violencia y muerte en las fronteras, que los opositores atribuyeron al gobierno. ¿Es responsable el gobierno? ¿En qué grado? Habría antes que preguntarse ¿cuál fue la fuente de la agresión?
El gobierno de la holandesa isla de Curazao donde se acopió parte del cargamento procedente de Estados Unidos, aclaró que los paquetes solo serían enviados cuando el gobierno de Venezuela estuviera de acuerdo, una decisión que ahorra hablar sobre los principios que definen lo que es y no es ayuda humanitaria, a saber, independencia operativa, imparcialidad, neutralidad, humanidad y atención, amén de las explicaciones dadas por especialistas de instituciones de asistencia, como PNUD, ACNUR, UNICEF, PMA y Cruz Roja. Para ser ayuda humanitaria, sencillamente, precisa el acuerdo del gobierno que la recibe. Si introducirla en el país de destino va acompañado del empleo de la fuerza, no es ayuda humanitaria. Si como se vio en la jornada del 23 de febrero, los envíos son usados como armas políticas o como armas de destrucción ―por ejemplo, camiones cargados con cócteles molotov―, no es ayuda humanitaria. Luego, que el gobierno impida el ingreso de algo que atropella su soberanía territorial, es lo que debería hacer cualquier aduana.
Con todo, la presión ejercida sobre el gobierno consiguió que este cambiara su actitud frente a la asistencia humanitaria, Asumió la existencia de una crisis, recibió las ayudas humanitarias de Naciones Unidas, Rusia y Cuba, y solicitó a la delegación del Grupo Internacional de Contacto que la Unión Europea accediera a una cooperación por dos mil millones de dólares para el presente año.
La vía insurreccional pensada y articulada en 2018 y ensayada en 2019, no pudo derribar a Maduro, pero generó un escenario donde resulta imposible ignorar las fortalezas y debilidades reales de sus interlocutores. Ahora Mike Pompeo, dice: «los días de Maduro están contados».
La vía insurreccional ya es pasado. Insistir en ella es arroparse en las mortajas de una derrota que oscurece vertiginosamente su épica. Aunque Trump ha prometido nuevas sanciones, que solo agudizarán los pesares de los más vulnerables, se generan condiciones favorables a una vía política cuya primera prioridad es garantizar los umbrales mínimos humanitarios y, luego, los mínimos electorales necesarios para que los venezolanos decidan su destino en las urnas.
Los papeles mediadores del Papa Francisco, no de la iglesia venezolana renuente al entendimiento, de la Unión Europea y del grupo de Montevideo, deberían operar como catalizadores de una transición cuya duración la oposición estima no inferior a un año. Aquella podría ser la genuina vía venezolana.
