El presidente Jair Bolsonaro presentó este miércoles el proyecto de reforma del sistema de jubilaciones, considerado vital para el equilibrio financiero de Brasil, pero que enfrentará un arduo camino legislativo antes de ser aprobado.

La propuesta fue recibida negativamente por los mercados, que vaticinan que negociaciones complejas y creen que sufrirá varias modificaciones por parte de un Legislativo fragmentado, donde el gobierno precisará una mayoría especial en ambas cámaras para aprobarlo.

La Bolsa de Sao Paulo, que llegó a subir casi 1% movida por un entusiasmo inicial, terminó cediendo 1,14%. El real, por su parte, osciló levemente a la baja, y cerró en 3,72.

El mandatario ultraderechista, de 63 años, llevó por la mañana al Congreso el proyecto junto a su ministro de Economía, el ultraliberal Paulo Guedes, y por la noche, en un discurso televisivo, insistió en la necesidad de la reforma «para que el sistema no quiebre» y dijo que su propuesta busca un esquema «más justo y para todos, sin privilegios».

«Respetaremos las diferencias, pero no excluiremos a nadie. Y con justicia: quien gana más, contribuirá con más. Quien gana menos, contribuirá con menos todavía (…). Las personas de todas las clases van a jubilarse con la misma edad», declaró.

El proyecto establece una edad mínima de 62 años para las mujeres y 65 para los hombres. El equipo económico de Bolsonaro proyecta un ahorro en la próxima década de 1,16 billones de reales (más de 300.000 millones de dólares).

La propuesta determina además que los brasileños que quieran jubilarse con una pensión completa deberán contribuir durante 40 años con el sistema y aumenta de 15 a 20 años el tiempo de contribución para recibir el beneficio mínimo.

Brasil es actualmente uno de los pocos países que no exige una edad mínima para el retiro laboral. El régimen actual permite jubilarse a las mujeres que cotizaron durante 30 años y a los hombres que lo hicieron durante 35, sin una edad mínima, aunque el monto del beneficio mejora para quienes prolongan su vida laboral.

Resistencia sindical

El gobierno montó un amplio dispositivo de comunicación para vencer las reticencias de la población a un proyecto que endurece las reglas para el retiro laboral.

Cerca de 1.000 personas se manifestaron por la mañana contra el proyecto en el centro de Sao Paulo, convocados por los principales sindicatos del país que denuncian una tentativa de poner un «fin a la Previsión Social en Brasil».

«Haremos asambleas en las fábricas para explicar a los trabajadores que (…) si no nos unimos para rechazar esta propuesta tendremos que trabajar hasta morir, no podremos jubilarnos», aseguró Walmir de Morais, miembro de la Central Única de Trabajadores (CUT), de 38 años.

El economista Alex Agostini, de la consultora Austin Rating, dijo a la AFP que «todavía no da para evaluar si [la propuesta] es positiva o no», pues «se trata del inicio de las discusiones».

«Recordemos que una cosa es la lógica económica, otra es la lógica política. [Hay que ver] cómo el Congreso recibirá la propuesta (…). Difícilmente el gobierno logrará preservarla integralmente», añadió.

La consultora británica Capital Economics coincidió en que se trata de un plan «ambicioso», pero advirtió que «los antecedentes sugieren que el proceso legislativo podría tomar tiempo» y que al final, el proyecto podría salir «diluido» respecto a su formato actual.

El propio Bolsonaro, un excapitán del Ejército conocido por posiciones nacionalistas, votó contra la reforma de las jubilaciones de 2003, pero este miércoles dijo que fue un error, reseña un cable de AFP.

Tensiones internas

La urgencia de reformar el sistema jubilatorio en un país en proceso de envejecimiento concita consenso inclusive entre algunos sectores de la oposición.

En 2018, un 9,2% de los 209 millones de brasileños tenía más de 65 años. En 2060, serán 25,5%, según proyecciones oficiales.

Bolsonaro dispone en principio de una mayoría constituida por las bancadas de varios partidos para aprobar esta reforma constitucional, que requiere el voto de tres quintos de los escaños en la Cámara de Diputados (308 de un total de 513) y en el Senado (49 de 61).

El vicepresidente Hamilton Mourao dijo el martes que el gobierno cuenta por ahora con 250 votos en la Cámara y que requerirá de «60 o 70 para aprobar la propuesta».