«La declaración adoptada por el Grupo de Lima tiene un mensaje político contundente, donde el principal es el rechazo a la ilegitimidad del nuevo periodo del régimen venezolano (…) Se insta a Nicolás Maduro a no asumir la presidencia, que respete las atribuciones de la Asamblea y transfiera provisionalmente el poder hasta que se realicen nuevas elecciones», señaló el canciller peruano, Néstor Popolizio, anfitrión de la cita que tuvo como misión «castigar» a Venezuela.
La Declaración de Lima fue firmada los Gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, frente al inicio el 10 de enero de 2019 del ilegítimo periodo presidencial del régimen de Nicolás Maduro (2019-2025) en Venezuela. México se deslindó del acuerdo.
Elecciones del 20 de mayo de 2017 no llenaron estándares democráticos
En la Declaración difundida denunciaron que el proceso electoral llevado a cabo el 20 de mayo pasado en Venezuela «carece de legitimidad» porque no contó con la participación de todos los actores políticos, ni con la presencia de los observadores internacionales independientes.
Por lo tanto, aseguraron que dicho proceso electoral no contó con «las garantías y estándares internacionales necesarios para un proceso libre, justo y transparente». Asimismo, ratificaron su «pleno respaldo y reconocimiento» a la Asamblea Nacional venezolana, que dirige la oposición y de la que dijeron fue elegida «legítimamente» el 6 de diciembre de 2015 como órgano constitucional.
Canciller @NestorPopolizio también señaló que Grupo de Lima instó a Nicolás Maduro a transferir el poder a la Asamblea Nacional hasta la realización de elecciones presidenciales democráticas. pic.twitter.com/has61Xkdo9
— Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) 4 de enero de 2019
Condena a la «ruptura constitucional” de Venezuela
El Grupo de Lima subrayó la importancia del «respeto a la integridad, la autonomía y la independencia del Tribunal Supremo de Justicia», así como ratificó su «inequívoca y firme condena a la ruptura del orden constitucional y del Estado de Derecho en Venezuela».
En esa línea, apuntaron que «solo a través del pleno restablecimiento de la democracia y el respeto de los derechos humanos» se podrán atender las crisis política, económica, social y humanitaria que atraviesa Venezuela. El grupo manifestó también que «la solución a la crisis política de Venezuela corresponde a los venezolanos», por lo que reiteraron que «apoyarán las iniciativas políticas y diplomáticas que conduzcan al restablecimiento del orden constitucional».
Asimismo, anotaron que continuarán impulsando las iniciativas de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), «para coadyuvar al restablecimiento del orden democrático y el respeto de los derechos humanos en Venezuela»
