La Bancada de Diputados Socialistas, encabezada por Manuel Monsalve, junto al presidente de la ANEF, Carlos Insunza, pidieron a la Contraloría un dictamen para que los funcionarios de gobierno, que despidieron ilegalmente a trabajadores de la administración pública, asuman responsabilidades administrativas y se les pueda iniciar sumarios.
En la oportunidad, el diputado Monsalve informó que “en conjunto con los dirigentes nacionales de la ANEF, la Bancada de Diputados Socialistas hemos ingresado a la Contraloría un requerimiento para que dictamine la responsabilidad administrativa de los funcionarios de gobierno, que hoy están despidiendo de manera ilegal a funcionarios público a lo largo de todo Chile. Ha habido más de 2 mil despidos del gobierno del Presidente Piñera y esos despidos son absolutamente ilegales y esto va en contra de los dictámenes de la propia Contraloría”.
“El Contralor sabe que son despidos ilegales, también lo sabe el Presidente Piñera y lo saben los funcionarios públicos y el Parlamento, pero nadie asume la responsabilidad administrativa. Los fallos de la Corte Suprema han establecido un principio, que es el principio de la confianza legítima, que quiere decir que para no renovar contrato se requieren fundamentos de calificaciones y de desempeño. Incluso, el propio ministro de Hacienda ha ratificado esos criterios en el marco de la negociación y acuerdo con el sector público”, dijo Monsalve.
El Jefe de Bancada PS, además informó que los diputados Socialistas, tanto en la Comisión de Hacienda, como en la Sala, votará en contra del proyecto de reajuste presentado por el gobierno. “Si bien se llegó a un acuerdo de 3.5 por ciento de reajuste, ese acuerdo implicaba la circular 21, firmada por el ministro de Hacienda, Es decir, fue parte de ese acuerdo. Eso quiere decir que el Presidente de la República no cumplió su palabra. Por lo tanto, nosotros no podemos avalar un acuerdo que fue traicionado por el propio gobierno”, recalca.
Por su parte, el presidente de la ANEF, Carlos Insunza planteó que “la responsabilidad administrativa de los funcionarios de gobierno que están despidiendo a los trabajadores en forma ilegal, no solo deben ser sujeto de sumarios administrativos, instruidos por la Contraloría, sino que además por juicios de cuenta”.
