Con un requerimiento al ente fiscalizador, un conjunto de diputadas, además de dirigentes sindicales, concurrieron a Contraloría para exigir explicaciones al Gobierno, esto por los despidos que han ocurrido en el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, en donde acusan que ha habido recortes injustificados que se intensificaron estas últimas semanas.
Liderando esta comitiva se encontraba la presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández, quien recalcó que este tipo de despidos no pueden ocurrir. “Necesitamos que los servicios funcionen. Un servicio sobre todo como el ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que es un ministerio recién aprobado, que aprobamos con mucha energía, con mucha fuerza. Lo que queremos es que justamente esté fortalecido para proteger y generar política contra la violencia, contra las mujeres y a eso se tiene que enfocar el Ministerio y no despedir a las funcionarias”.
Un reclamo generalizado y que se enmarca en mentiras, asegura la diputada comunista, Karol Cariola, quien agregó al tema que “A nosotros nos llama profundamente la atención a que la ministra Plá esté faltando a su palabra y lo quiero decir con toda responsabilidad. Hace algunos meses atrás, en la subcomisión mixta de presupuesto la diputada Gael Yeomans le preguntó a la ministra si la rebaja al presupuesto del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género se va a ver reflejada en despidos (…) Y la ministra dijo no”.
En este mismo punto, la diputada de Izquierda Libertaria, Gael Yeomans, acotó que “Nos parece que es contradictorio que un Ministerio de la Mujer, que se supone debería defender y proteger a las mujeres, tener una mejor relación laboral en ese caso, que hoy día esté maltratando a las mismas mujeres que están trabajando en el servicio”.
Al momento, las tres parlamentarias no descartan que esto se trate de una persecución política. Desde la agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, argumentan que en estos últimos meses se han despedido a personas que venían cumpliendo servicios para el Estado hace más de 15 o 20 años, emplazando a las autoridades a responder por qué ocurren este tipo de situaciones.
