Fecha 28 de octubre, los senadores Alejandro Guillier (IND), Ricardo Lagos Weber (PPD) y Alfonso de Urresti (PS), ninguno integrante de la comisión de Defensa, publicaron una carta al director en diario El Mercurio, donde se referían al proyecto de la Ley Reservada del Cobre y el nuevo financiamiento a las Fuerzas Armadas.

En este documento, recogen que el mismo día que se despachó el proyecto que reemplaza a la Ley reservada del cobre de la comisión de Defensa del Senado, renunció el jefe de Estado Mayor acusado del uso indebido de pasajes aéreos, tildándolo de “otra esquirla del llamado ‘Milico Gate’. Ahondando que esto genera incertidumbre y desconfianza en el mundo de la defensa nacional.

Por lo mismo, aluden “el debate sobre el financiamiento del gasto militar nos exige criterios de Estado y miradas a largo plazo, pero también es preciso transparentar mejor las decisiones sobre el gasto militar y fiscalizar con celo su ejecución”, recalcando que hay que empoderar a la autoridad civil sobre la militar, lo que plantean parte corrigiendo las deudas del proyecto de ley instalado en el Senado.

Esto agregan, se hace evaluando los “pisos mínimos” de gasto en Defensa “con criterios acordes a los escenarios de riesgo y crecimiento en el país”. Recalcando que “el proyecto obliga al Estado a mantener un alto gasto en Defensa sin posibilidad de disminución a futuro, poniendo como referencia los años de más gasto” y posibilitando que cuando surjan “oportunidades de mercado” puedan comprar material bélico fuera de planificación, lo que catalogaron como “la puerta de la ineficacia e incluso a prácticas cuestionables”.

También añaden que el proyecto carece de referencias hacia el futuro de la industria militar como fuente de innovación, lo que sí se hace en países vecinos recalcan los parlamentarios, que también catalogaron como insuficiente el control del poder civil sobre la ejecución de los recursos. “La Contraloría no adquiere un efectivo rol en la fiscalización del gasto militar. El Ministerio de Defensa no mejora su participación en la generación de los presupuestos ni garantiza un adecuado financiamiento específico al Estado Mayor Conjunto de la Defensa. Tampoco se contempla un organismo colegiado y técnico con capacidades reales para la supervisión desde el Ejecutivo”, argumentando que tampoco el Congreso mantendrá las altas restricciones al control sobre el gasto militar.

Señalan en esta carta, que “resulta del todo razonable dotar a la civilidad de facultades claras de control y supervisión en la elaboración y aprobación de la Estrategia de Defensa Nacional y los gastos asociados”, mencionando que el proyecto como está pone en pugna al artículo 4° de la Constitución, que garantiza a Chile como una República democrática.

“Continuar argumentando razones de reserva o enclaustramiento no resulta creíble en el siglo XXI. Mayor transparencia, fiscalización externa y control civil sobre el gasto y gestión sólo fortalecerán a nuestras instituciones de la Defensa. Para ello debemos comenzar con el debate político y a la discusión amplia de este proyecto de ley, difundiendo con sentido pedagógico las discusiones altamente técnicas y extensas que se están desarrollando en el Congreso Nacional”, finaliza el escrito.

La respuesta

Fecha 31 de octubre, el subsecretario para las Fuerzas Armadas, Juan Francisco Galli, respondió a los parlamentarios de la ex Nueva Mayoría sobre la normativa legal que deroga la ley del cobre y el financiamiento de las capacidades estratégicas de la Defensa.

“Entendemos que los senadores comparten con el Gobierno que la Defensa Nacional requiere de un sistema de financiamiento de sus capacidades estratégicas moderno, transparente, estable y con control democrático”, dice Galli, agregando que también espera que los parlamentarios coincidan que el sistema de financiamiento actual, que data de 1958, no es coherente con los estándares que nos hemos impuesto como sociedad.

En este punto, alude a que el Gobierno de Sebastián Piñera retomó la tramitación de un proyecto que ya había sido presentado en su administración anterior el año 2011 y que quedó paralizado, recalca por los senadores de oposición, el año 2012. “Tampoco hubo avances sustantivos en la materia durante el Gobierno de la expresidenta Bachelet”, sentencia.

En el mismo documento, alude a que ha existido un trabajo serio, prelegislativo intenso y abierto que ha encabezado el ministro Alberto Espina y, con esto, se logró que la iniciativa fuera aprobada en la comisión de Defensa del Senado, siendo objeto de debate y enmiendas por sus integrantes.

“Existe la mejor voluntad de seguir explicando o, en su caso, corrigiendo todos aquellos aspectos que sean objeto de duda; sin embargo, esperamos que dichas interrogantes no sean una excusa para negarse a legislar y bloquear un proyecto que es altamente necesario para el país, y que en casi 30 años de democracia la ex Nueva Mayoría fue incapaz de impulsar”, sentencia el documento.

La respuesta de la respuesta

Con fecha 2 de noviembre, los tres senadores en cuestión respondieron al subsecretario y lo acusaron que no está reflexionando sobre lo que ellos señalan, sino “que usa la técnica de dudar de nuestras intenciones de legislar, acusando ‘bloquear un proyecto altamente necesario’”.

En la respuesta dicen los parlamentarios que quieren tener un debate a la altura y “por eso no es aceptable su tono de sospecha”. En el mismo párrafo, recalcan que la actitud del ministro de Defensa, Alberto Espina, será distinta y buscará promover el diálogo y la discusión técnico-política por el proyecto que creen que es necesario legislar.

“Queremos una buena y transparente discusión de esta ley. Nuestros planteamientos y dudas son muy claros: el establecimiento de pisos mínimos que obligarán al Estado a un gran gasto en Defensa, el permiso de las Fuerzas Armadas cuando se presenten ‘oportunidades de mercado’; la falta de control civil y del parlamento sobre los presupuestos y gastos; el inquietante reemplazo en la gestión de recursos del Banco Central por un comité de dudosa generación, entre otras”, plantearon en el documento.

Los parlamentarios –ninguno de la comisión de Defensa– dicen que esperan una discusión buena y transparente en un tema de máxima importancia, además de recalcar que su ánimo es colaborar en la construcción de una ley moderna que logre garantizar la capacidad de las Fuerzas Armadas para cumplir a cabalidad la función que les encomienda la Constitución.

“Legislaremos pensando en el país y en el bien de las personas que sirven en las Fuerzas Armadas. Por eso hacemos hincapié en nuestra disposición a discutir sin apuros ni premuras”, finaliza el documento.

La respuesta de la respuesta de la respuesta

Con fecha 3 de noviembre, el subsecretario Galli vuelve a tomar la palabra y recalca que valora la disposición manifestada por los senadores de “apoyar el proyecto del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera que deroga la Ley del Cobre y establece un mecanismo de financiamiento de la defensa más moderno, transparente y democrático que el vigente en Chile”.

Además, alude a la iniciativa legal que lanzó esta batalla de declaraciones y recalca que este proyecto propone estabilidad con las asignaciones mínimas, “que logra un buen equilibro entre garantizar la soberanía de Chile –vital para nuestra independencia política y el resguardo de nuestro territorio– y el debido control democrático”, tema que será abordado en el Congreso plantea.

Además, exhibió su disposición y la del ministro Espina para resolver con la mayor claridad todas las dudas y que el debate en la comisión de Hacienda del Senado sería una gran oportunidad para ello (instancia que sólo uno de los tres firmantes). De paso, Galli tiró un ‘palito’ para cerrar su carta al director. “El pasado gobierno de la Nueva Mayoría no tuvo la voluntad de cambiar un sistema que a todas luces está obsoleto y requiere de reforma”, el que matizó agregando que valora que “los senadores de dicha coalición” hayan llamado a legislar prontamente en esta materia “y espero que ello se concrete en su votación en el Senado”.