El fallecimiento, a los 93 años de edad, de Ana González de Recabarren plantea una interrogante clave con respecto a nuestra convivencia política.

Su historia es conocida: su esposo, dos de sus hijos y su nuera embarazada figuran en la lista de detenidos desaparecidos, como resultado de la represión de Estado ejercida contra el Partido Comunista a mediados de la década de 1970. Desde entonces, se convirtió en una activista incansable en defensa de los Derechos humanos y en pos de la verdad acerca de las personas desaparecidas.

Esos son los hechos, indesmentibles.

La pregunta es si más de cuatro décadas después de sucedidos estos hechos estamos en condiciones de tener una reacción consensuada, como sociedad, ante ellos. Reacción que no puede ser otra que de rechazo cerrado, conmoción y demanda por ir al fondo en la verdad de lo ocurrido.

Si el sentido común de la sociedad, en el sentido gramsciano del término, tiene incorporado este juicio en su bagaje, se puede respirar con tranquilidad. Las bases para una convivencia sana están dadas, pese a todos los problemas que puedan existir.

Si, en cambio, surge cualquier forma de relativizar los hechos en función del contexto de la época, estamos ante una señal de alarma.

La pregunta –a la vez un desafío- está planteada.