Luego de dos semanas con ‘urgencia suma’ en el Congreso, el Gobierno presionó –nuevamente– el acelerador en el proyecto de ley ‘Aula Segura’, iniciativa con la que el Ejecutivo apela a dar un paralé a los hechos de violencia que se producen en distintos establecimientos educacionales que se han producido las últimas semanas.

Un proyecto que ha recibido duras críticas por parte de la oposición, que tilda a la iniciativa como inconstitucional y que no respeta el debido proceso, además de recalcar que ya los directores tienen las atribuciones que el proyecto busca instaurar.

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, emplazó a la oposición a que clarifiquen de qué lado están. “Nuestro Gobierno está del lado de los estudiantes, que como ustedes quieren estudiar, quieren aprender (…) Nuestro Gobierno va a enfrentar con toda la fuerza y rigor de la ley a aquellos que creen que tienen derecho a destruir sus propios establecimientos educacionales, quemar sus liceos, tirar bombas molotov y rociar con bencina a sus propios compañeros y profesores”, recalcó.

Un llamado que fue recogido entre dudas con la oposición, que critican que no se les permita conocer las distintas versiones de educadores, estudiantes y expertos en educación que habían sido citados para conocer la iniciativa.

El presidente del Partido Radical, Carlos Maldonado, dijo que “Que le ponga discusión inmediata no significa que necesariamente se resuelvan las dudas que han planteado los parlamentarios para que se respete el debido proceso. Una es la forma de tramitación y otra es el fondo”.

En tanto, el presidente del Partido Socialista, el senador Álvaro Elizalde, recalcó que “Obviamente creemos que el proyecto debe ser perfeccionado, que nos permita erradicar la violencia de los establecimientos educacionales que vaya más allá de una frase efectista que a veces no ha dado resultado, como cuando en el pasado se dijo que se iba a poner fin a la fiesta de los delincuentes y empezó el carnaval”.

El proyecto con discusión inmediata obliga al Senado a presionar el acelerador en la tramitación del proyecto. Solamente tendrán seis días para discutir el proyecto y pasar la tramitación de la iniciativa al Congreso.