Como una clara muestra del fracaso que ha tenido la respuesta del gobierno ante la emergencia y como una situación política, ambiental y sanitaria que se le escapó de las manos calificó Greenpeace la nueva situación de emergencia que se vivió en las últimas horas en la zona de Quintero-Puchuncaví.

«Quedan pocas palabras para calificar lo que está sucediendo. Es una verdadera tragicomedia para el gobierno, ya que mientras las autoridades levantan la alerta amarilla y supervisan el reintegro de los niños al colegio por la mañana, por la tarde terminan en los centros asistenciales. Lo peor es la respuesta de la autoridad, que cierra los colegios pero permite que sigan funcionando las industrias«, dice Matías Asun, director nacional de Greenpeace.

En este contexto, desde la ONG plantean una dura crítica a la gestión que ha mostrado la Superintendencia de Medio Ambiente: «¿Alguien puede entender que desde el año 2013 hasta hoy los entes fiscalizadores del Estado apenas hayan cursado una multa a las empresas de la zona? Cualquier fonda tiene más fiscalizaciones que las empresas contaminantes en Quintero-Puchuncaví. ¿Alguien puede explicar este sinsentido?».

Greenpeace, además, señaló algunas medidas prioritarias que se debieran tomar. «Lo primero es cerrar de forma inmediata las operaciones de las centrales a carbón y de la fundición de Ventanas e investigar a Oxiquim y Enap. Del mismo modo, iniciar una investigación que establezca claridad los responsables de las últimas emergencias ambientales y se les sancione«, señala Asun.

También el director nacional de la ONG dice que necesario que se comprometa un plan de descontaminación y de remediación ambiental en el que tengan participación las comunidades afectadas.

«La reparación por el daño sufrido por las comunidades de la zona por culpa del abandono del Estado es una acción clave«, precisa Asun.

Por último, Greenpeace plantea la urgencia de impulsar tras esta emergencia un liderazgo real de la Superintendencia de Medio Ambiente en materia de fiscalización, al tiempo que se debe actualizar y complementar las normas de calidad ambiental, homologando los estándares a las normativas de la Organización Mundial de la Salud (OMS).