La Policía nicaragüense calificó de «ilegales» las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega y advirtió a sus organizadores que «responderán ante la justicia«.

La amenaza se hace en medio de una crisis que ha dejado cientos de muertos en las manifestaciones que sacuden Nicaragua desde abril.

«La Policía Nacional responsabiliza a quienes han convocado y convocan a estas concentraciones y movilizaciones públicas ilegales de las alteraciones al orden público, de las acciones ofensivas y delictivas, y de las agresiones que irrespetan el derecho al trabajo, a la seguridad y la vida de las familias nicaragüenses«, informó la institución a través de un comunicado.

La declaración fue emitida en una nota en la que acusa a los organizadores de las protestas de varios tiroteos, agresiones a viviendas y una persona muerta entre el 2 y el 23 de septiembre.

«Los convocantes son responsables y responderán ante la justicia de las amenazas, acciones delictivas y agresiones que se presenten en el desarrollo de estas actividades«, agregó la Policía.

En ese sentido, señalan que «la Policía Nacional ha investigado, investiga, y acusará formalmente, a quienes se encuentren responsables de los daños materiales y afectaciones humanas en las actividades pasadas, porque constituyen gravísimos delitos contra la seguridad, la vida y el orden público«.

Sin embargo, el comunicado de la Policía nicaragüense contradice la posición de los manifestantes, la opositora Alianza Cívica y organismos humanitarios, que sostienen que protestar no es un delito en Nicaragua y que las marchas contra el Gobierno han sido pacíficas, solamente interrumpidas por agresiones armadas de grupos oficialistas y agentes policiales.

Desde el inicio de las manifestaciones el pasado 18 de abril contra el Presidente Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, la crisis ha dejado 322 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), si bien algunas ONG independientes elevan la cifra hasta las 512 víctimas mortales.

Además, la oposición denuncia asimismo que hay más de 300 «presos políticos«.

Tanto la CIDH como la oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) ha responsabilizado al Gobierno por «más de 300 muertos«, así como por ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros, violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.

Por su parte, el gobierno cifra en 199 los muertos y rechazó las acusaciones, sosteniendo que todo se trata de un intento de «golpe de Estado«.

Las protestas contra su Ejecutivo se iniciaron por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de 11 años en el poder.