Cuatro expertos en temas internacional firmaron este sábado una carta en El Mercurio en el que apelan a la necesidad de que Chile se retire del Pacto de Bogotá, como una forma de demostrar que la diplomacia no es solamente derecho, sino que en temas de soberanía hay decisiones políticas.
José Rodríguez Elizondo, Gabriel Gaspar Tapia, Eduardo Rodríguez Guarachi y Óscar Izurieta Ferrer señalan en la misiva que “en 2009, nueva Constitución mediante, Bolivia decidió que su «aspiración marítima» mutaba en un «derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso soberano al océano Pacífico y su espacio marítimo». Fue una señal política de su desconocimiento del Tratado de 1904, al máximo nivel normativo”.
“Demostrando suma prudencia, Chile no emitió entonces protesta ni denuncia pública alguna. Prefirió manifestar su «reserva» mediante un documento que, hasta hoy, sigue clasificado como secreto”, explica.
En ese sentido, plantean que “en 2013, desconociendo nuestra «reserva», el gobierno de Bolivia nos demandó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para forzar un acuerdo que le diera «un acceso pleno y soberano al Océano Pacífico». Insólitamente, la CIJ admitió a tramitación esa demanda política, soslayando el desconocimiento de un tratado internacional e interfiriendo en la autodeterminación de Chile. Fue una desviación de poder, teóricamente denunciable ante los organismos políticos de la ONU”.
Los expertos insisten en que “demostrando nuevamente suma prudencia ante tamaño exabrupto, nuestro gobierno desestimó la posibilidad, contemplada en el propio Estatuto de la CIJ, de no comparecer a tal juicio. Optó por interponer excepciones preliminares de incompetencia ante ese mismo tribunal… las que fueron rechazadas en 2015, por la casi unanimidad de los jueces”.
Agregan que “nuestro gobierno volvió, entonces, a mostrar suma prudencia. En lugar de anunciar su retiro del Pacto de Bogotá -llave de eventuales nuevas demandas artificiosas-, dando una señal de advertencia a los jueces, solo se abrió a la posibilidad de iniciar un debate sobre el tema. Ante esa permisividad, la opinión pública y la especializada estuvieron por el retiro. Para 19 ex embajadores era «una decisión que no admite más postergaciones»”.
Sin embargo, aclaran que tras la demanda que el gobierno chileno interpuso contra Bolivia por la internacionalidad del río Silala, “vinieron señales de retroceso. Se creyó, quizás, que no era oportuno solicitar la dirimencia de la CIJ para un tema técnico-fluvial y anunciar el retiro del Pacto para recuperar nuestra plena soberanía en materias de defensa territorial. Sin embargo, en vísperas del fallo sobre la demanda por el mar, Bolivia ha presentado una contrademanda en el caso del río Silala, que da a este pleito una connotación política dura, con implicancias para la paz y seguridad internacionales”.
Ante tal motivo, exponen que “todo indica que nuestra prudencia ha sido malinterpretada. Si no denunciamos el carácter transgresor de la Constitución boliviana, si no advertimos que la soberanía se defiende con todos los recursos legítimos del poder y si asumimos un proceso judicial violatorio de la propia Carta de la ONU, es muy posible que los jueces hayan interpretado nuestra prudencia como debilidad política”.
“Por lo mismo, anunciar el retiro del Pacto solo será inoportuno para quienes no conciben ningún tipo de viraje en nuestra política exterior o creen que el gobierno de Bolivia se resignará ante un fallo adverso. Por el contrario, anunciarlo desde ya no solo es oportuno, sino necesario, para quienes saben que la diplomacia no se reduce al Derecho, que este es solo parte de la estrategia del gobierno boliviano y que las resoluciones sobre temas de soberanía son decisiones políticas”, explican.
Por tal motivo, señalan que “Chile necesita dar esa señal, sea cual fuere el fallo, para privilegiar el interés nacional, rectificar esa imagen de supuesta debilidad y dejar en claro que, precisamente por respetar el Derecho Internacional, no aceptamos un cuestionamiento permanente y artificioso de nuestra integridad territorial”.
