Este martes, en medio de la polémica por las medidas adoptadas en Quintero, ocho ONG’s medioambientales (FIMA, Ecosistemas, Instituto de Ecología Política (IEP), Oceana, CODEFF, Fundación Terram, Greenpeace y Chile Sustentable), interpusieron un Recurso de Protección, que va dirigido contra del Presidente de la República, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) por «la omisión en su deber de resguardar el derecho constitucional a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, en la que incurrieron durante los recientes sucesos de contaminación ocurridos en la zona», sostienen.
Representados por ONG FIMA, ocho organizaciones hacen un detallado recuento de la serie de eventos e irregularidades que se han sucedido en la zona, producto de la inacción de los recurridos al omitir la dictación de planes y normas, además de la no realización de las fiscalizaciones adecuadas en las comunas de Puchuncaví y Quintero.
“El Estado ha eludido su responsabilidad preventiva y reguladora en la actividad industrial de la zona, en el resguardo de la salud y los derechos de la población por más de 20 años. Existiendo las herramientas en la normativa y la evidente necesidad de usarlas, no las ha aplicado. Con este recurso buscamos que de una vez por todas se dicten las normas necesarias. Pero, además, que la Administración del Estado se haga cargo, que se cree un organismo especial para seguir las acciones de mediano plazo de descontaminación y que sea la Corte la que vele porque cualquier compromiso que se adquiera con las comunidades por parte del Gobierno, sea efectivamente cumplido”, explica Ezio Costa, director ejecutivo de ONG FIMA.
“La existencia de omisiones flagrantemente ilegales por parte del Estado de Chile han vulnerado el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación de los habitantes de la Bahía de Quintero. El Ministerio del Medio Ambiente, teniendo el deber y las atribuciones para implementar diversas medidas, ha dilatado por años la revisión de normas altamente permisivas y alejadas de los estándares de contaminación recomendados internacionalmente y no ha regulado los contaminantes más nocivos para la salud de las personas y su entorno”, enfatizó Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram.
El escrito se basa en que las vulneraciones por el daño al medio ambiente y la salud de las personas se han mantenido en el tiempo, más allá de los eventos que han significado las crisis del último mes, haciendo énfasis en que el deber del Estado es velar porque el artículo 19 Nº 8 de la constitución -que hace referencia a que el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación- no sea afectado y se tutele la preservación de la naturaleza.
Asimismo, las organizaciones señalan que se ha vulnerado la igualdad ante la ley y la prohibición constitucional de otorgar propiedad sobre bienes que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas, donde el uso abusivo del aire por parte de las industrias de la zona es una consecuencia directa de la omisión del Estado en cumplir con sus obligaciones legales.
En este sentido, en el recurso se indican múltiples ilegalidades cometidas por el Ministerio de Medio Ambiente, entre las que destaca la excesiva dilación del plan de Prevención y Descontaminación de la zona, el cual comenzó su revisión el año 2011 a consecuencia de la intoxicación sufrida por alumnos de la Escuela La Greda y fue presentado a Contraloría recién el 2017. Además, señalan que dicho plan es insuficiente frente a contaminantes altamente perniciosos.
Otro punto que abarca el escrito, es la omisión por parte del SEA en su labor de actualizar las Resoluciones de Calificación Ambiental de los proyectos ubicados en la zona, así como en el cumplimiento de normas de emisión y calidad y la elaboración de estas, con el objetivo de prevenir las consecuencias que trae la falta de estas labores en la población y en el medio ambiente.
Se solicita a la Corte que ordene la realización de las acciones de actualización de RCAs, la dictación de normas de calidad para diversos contaminantes y la creación de una oficina especial que se dedique a la descontaminación de la zona, debidamente financiada por el Estado para llevar a cabo las soluciones necesarias. Las organizaciones pretenden que, además, el cumplimiento de las acciones de descontaminación sea seguido por una mesa constituida por todas las partes, pero donde sea el Poder Judicial el que vele porque se lleven a cabo las acciones de descontaminación efectivas.
Este recurso se suma a los interpuestos por las comunidades de la zona y organismos de derechos humanos, abordando los puntos desde otra perspectiva para dar soluciones de mediano y largo plazo a la crisis.
De esta forma, las organizaciones demandantes hacen un claro reproche al incumplimiento de las obligaciones del Estado de Chile, entre las que también se cuenta el deber del Ministerio de Medio Ambiente de contar con información necesaria para la dictación de normas, lo cual no ha ocurrido durante los últimos años y en la crisis del último mes.
