Siete ex ministros del Interior de la Concertación y ex Nueva Mayoría salieron este jueves a cuestionar el argumento esgrimido por diputados de la oposición para acusar constitucionalmente a tres miembros de la Segunda Sala de la Corte Suprema, indicando que el fallo dado a condenados por violaciones de los derechos humanos no puede ser considerado como “abandono de deberes”.

Los ex secretarios de Estado, Enrique Krauss R.; Carlos Figueroa S.; Andrés Zaldívar L.; Belisario Velasco B.; Edmundo Pérez Y.; Jorge Burgos V.; Mario Fernández B., todos de la Democracia Cristiana, firmaron una carta en El Mercurio en donde exponen sus planteamientos.

“Quienes suscribimos esta carta ejercimos el Ministerio del Interior en diversos gobiernos desde la recuperación de la democracia. Invocando esa experiencia y coincidiendo con buena parte de la comunidad jurídica, queremos manifestar nuestra preocupación por la acusación constitucional presentada en contra de tres magistrados de la Corte Suprema”, señala el texto.

Hay que recordar que diputados del Frente Amplio y ex Nueva Mayoría acusaron constitucionalmente a tres ministros de la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema, Carlos Künsemüller, Hugo Dolmestch y Manuel Valderrama, debido a su fallo que benefició a siete condenados por violaciones a derechos humanos con la libertad condicional.

Además, exponen en la misiva que “la interpretación apegada a Derecho que los tribunales de justicia ejercen al dictar sus sentencias no puede ser calificada como abandono de deberes, sin perjuicio de la opinión que se pueda tener respecto de su contenido. El ejercicio de la facultad parlamentaria de acusar constitucionalmente a una serie de autoridades del Estado debe ejercerse con el máximo rigor jurídico, debido a los graves efectos institucionales, probablemente no buscados, pero que sí es necesario prever”.

Por tal motivo, explican que “si el Congreso Nacional estima que es la hora de modificar el centenario régimen de libertades condicionales, puede hacerlo teniendo a la vista las diversas iniciativas presentadas. Estimamos que tensionar al extremo las relaciones entre los Poderes del Estado, existiendo otros mecanismos normativos para abordar sus desacuerdos, solo puede allegar dificultades a la ya difícil situación en que se encuentra la reputación pública de nuestras instituciones”.

Finalmente, los ex ministros hacen un llamado para “que el tratamiento de esa sensible materia sea ejercido con el rigor y respeto jurídico que su complejidad obliga”.