El presidente (S) de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, se refirió este domingo a la acusación constitucional en contra de tres ministros de la Segunda Sala del máximo tribunal del país, indicando que de prosperar se rompe con las normas constitucionales, la imparcialidad y la autonomía de los jueces que dictan sentencia.

“Lo que ha hecho y dicho la Corte Suprema no es para defender a las personas que están siendo acusadas. Lo que está señalando es que las garantías de las personas que recurren a solicitar la administración de justicia a los tribunales es lo que puede estar en cierta medida comprometido”, señala.

Muñoz advierte que “en esta oportunidad es una causa de derechos humanos, en la próxima va a ser una causa ambiental, de familia o de crimen o simple delito. Cuando a las personas que tienen la posibilidad de deducir acusación constitucional, de algún modo no les guste o no participen de la opinión de la Corte Suprema, van a poder acusar a cada uno de sus miembros. Eso es lo peligroso. Nosotros (los ministros) estamos de paso, no somos los dueños de las instituciones”.

«De acogerse esta acusación: ¿Será factible entender que los integrantes de ese conjunto de ministros que van a conformar la sala, sabiendo que si acogen una libertad condicional lo van hacer con entera independencia? Por eso es que nosotros reprodujimos en la declaración lo que era la imparcialidad, que es cuando el juzgador no tiene ningún interés personal directo o indirecto en la litis . Eso es lo que está en juego, pero no respecto a los ministros, sino que es la garantía que se tiene que dar a las personas que recurren a la justicia«, menciona el magistrado.

Y arremete en que con una  acusación constitucional de este tipo “se afecta y se rompe, además de las normas constitucionales, la imparcialidad y con ello la independencia de los jueces”.

En cuanto al planteamiento hecho por los diputados respecto a que hubo abandono de deberes por otorgar la libertad a siete reos condenados por violación a los derechos humanos, el juez sostiene que “en el mismo libelo, ellos dedican la primera parte para establecer la procedencia, porque se dan cuenta de que esto es improcedente, para justificarlo de alguna manera. No voy a entrar a señalar si hay notable abandono. Eso sería un juicio respecto de lo que se resolvió en la sala y no tengo la competencia para hacerlo”.

Muñoz también considera que los parlamentarios que presentaron la acusación constitucional se “han extralimitado sus potestades constitucionales, y por lo tanto es ilegítimo”.

En caso de prosperar el líbelo contra los ministros de la Segunda Sala, Muñoz estima que se “abre una puerta, pero el riesgo más evidente es que quien analiza ese aspecto es la misma Cámara de Diputados. Nos preocupa porque de esta manera se va a poder interpretar la Constitución de la manera que ellos estiman. No hay una acusación constitucional en contra de los congresistas que no respeten la Constitución en la forma como ella está escrita. Por lo menos que la pueda interponer una autoridad externa a los congresistas”.

El supremo cree que el líbelo presentado en contra de los tres ministros responde a un aspecto político, ya que “desde el momento en que quienes sostienen la acusación señalan expresamente que aún en el evento de que con un recurso de nulidad, que está pendiente en la Sala Penal, se dejara sin efecto la resolución, igualmente seguirán adelante con la acusación. Eso es un aspecto político”.