La reforma tributaria de la Presidenta Michelle Bachelet se basó en ciertos principios fundamentales. El principal de ellos fue que quiénes tienen más paguen más.

Ello llevó a implementar dos regímenes alternativos, renta atribuida y semi integrado, con tasas de 25 ó 27%, respectivamente. En este último caso, los dueños de las empresas obtienen un crédito reducido para el pago de sus impuestos personales, lo que incrementa su carga impositiva.

Asimismo, se estableció una norma general antielusión destinada a disuadir el incumplimiento. Además, se eliminaron ciertos beneficios, como era el Fondo de Utilidades Tributarias (FUT).

Lo anterior, al tiempo de avanzar en una necesaria equidad tributaria, perseguía generar los recursos adicionales necesarios para producir bienes públicos y derechos sociales relevantes, como la Reforma Educacional.

El Gobierno del Presidente Piñera, si bien señaló que no iba a modificar las tasas, ha anunciado que pretende volver a un sistema absolutamente integrado y modificar las normas antielusión.

Esto significa retroceder en el proyecto aprobado el año 2014, que en su momento generó un amplio acuerdo en el Congreso Nacional. Los partidos que apoyaron al Presidente Sebastián Piñera respaldaron esa reforma. Hoy vemos que se desdicen de la palabra empeñada.

Volver al sistema integrado implica beneficiar sólo a 1000 de las más empresas más grandes de nuestro país, que son las que se acogieron voluntariamente al sistema semi integrado con tasa de 27%. Representa un retroceso claro en equidad tributaria. Esa es la razón por la cual nosotros no vamos a apoyar esta medida.

El documento fue enviado en conjunto por el diputado Manuel Monsalve y el senador Juan Pablo Letelier, presidentes de las comisiones de Hacienda de la Cámara de Diputados y el Senado respectivamente.